La comunidad nicaragüense en Estados Unidos se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tras el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump.
Recientemente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo redadas en diversas ciudades del país, afectando especialmente a zonas tradicionalmente consideradas como “protegidas”, tales como escuelas, hospitales e iglesias.
Astrid Montealegre, abogada del programa Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), advirtió en declaraciones al medio 100% Noticias sobre el impacto de las nuevas medidas migratorias, que incluyen el fin del parole humanitario, el restablecimiento del programa “Permanecer en México” y la eliminación de las prioridades de deportación.
Las recomendaciones a seguir
Estos cambios están generando preocupación en la comunidad migrante nicaragüense, ya que, según Montealegre, «las personas que ingresaron al país con parole humanitario ahora deben ajustarse a otro mecanismo antes de que su estatus expire».
Además, la reactivación de políticas como el “Permanecer en México” obliga a quienes buscan asilo a permanecer en ese país vecino mientras se resuelve su proceso, lo que aumenta la incertidumbre y el miedo entre los migrantes.
Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, los expertos en temas migratorios recomiendan a los inmigrantes estar siempre preparados. Es fundamental llevar consigo los documentos de identificación y cualquier recibo que acredite el estatus migratorio, sin entregar más información de la necesaria en caso de ser detenidos.
También se sugiere mantener los números de teléfono de abogados y familiares accesibles, y contar con un poder notarial para dejar tutelados a los niños en caso de una detención.
La abogada Montealegre enfatizó que los migrantes indocumentados no tienen la obligación de entregar documentos a los agentes de ICE o la Patrulla Fronteriza. “Tienen derecho a permanecer callados y a solicitar un abogado”, explicó Montealegre.
Para quienes poseen documentación migratoria, la abogada también recomendó no entregar documentos innecesarios durante una posible intervención. Aunque tener identificación no es ilegal, evitar proporcionar más información de la necesaria podría ayudar a prevenir interrogatorios adicionales.
Montealegre recordó que quienes tienen solicitudes de asilo o peticiones familiares en proceso deben llevar consigo los recibos que acrediten su estatus. Sin embargo, también destacó que “no se está obligado a presentar documentos en un interrogatorio, solo a identificarse”.
La comunidad nicaragüense también enfrenta el desafío de que muchas solicitudes de asilo están siendo rechazadas, pues las estadísticas muestran que solo el 30% de las peticiones de nicaragüenses son aprobadas, mucho menos que el promedio nacional de 50%.
Redadas a la orden del día
El temor a las redadas masivas es latente, especialmente tras las recientes declaraciones del “zar de la frontera” Tom Homan, quien anticipó desde unos días antes de la toma de posesión presidencial, de Donald Trump, una intensificación de las redadas en todo el país.
La situación se agrava aún más con la propuesta de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, lo que ha generado gran incertidumbre entre las familias migrantes.
Montealegre también alertó sobre el riesgo de deportaciones aceleradas, una tendencia que ha aumentado tras la eliminación de las revisiones judiciales previas.
Esta medida podría afectar incluso a quienes no han cometido delitos, aumentando el peligro de una deportación expedita para los migrantes indocumentados.
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En respuesta a estas nuevas medidas, organizaciones como el Caucus Hispano del Congreso han expresado su oposición, calificando las políticas de Trump como inconstitucionales y advirtiendo sobre las violaciones a los derechos de los migrantes.
Las recomendaciones de Montealegre son claras y urgentes. Los nicaragüenses deben informarse y estar preparados, especialmente ante el aumento de redadas y la creciente militarización de la frontera.
La situación es crítica, y las comunidades migrantes deben estar unidas y respaldadas por asesoría legal confiable para enfrentar este nuevo panorama de incertidumbre.
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