El Monitoreo Azul y Blanco reportó este viernes que al menos 349 han sido impedidas de entrar a Nicaragua o desterradas.
La agrupación señala que los casos se han reportado entre 2024 y febrero de 2025, teniendo tres picos de incidencia; el primero en abril de 2024 cuando se reportaron 40 personas afectadas por estas restricciones migratorias, luego en septiembre de 2024 con los 135 presos políticos desterrados a Guatemala y finalmente, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, que van 50 personas impedidas de entrar de regreso a Nicaragua.
A estos casos el Monitoreo Azul y Blanco les ha llamado «represión migratoria».
«Las aerolíneas, actuando bajo órdenes gubernamentales, informan a los afectados sobre la prohibición de ingreso, sin proporcionar explicaciones claras. Esta práctica ha generado una creciente diversidad en el perfil de las víctimas, afectando a personas de diferentes edades, profesiones y condiciones sociales», indica el informe.
Además de esta práctica de negar el ingreso a nacionales, también hay reportes de negación de entrada al país de extranjeros, negación de salidas del país a nacionales y negación de renovación de pasaporte.
Víctimas confundidas y abatidas
Muchas de las víctimas se conocieron a manera de filtración, pues no solo tienen temor de denunciar públicamente y ser objeto de más represalias, sino que también tienen esperanzas de poder arreglar su situación y regresar al país.
Estas expectativas son alimentadas por una comunicación que les hacen en el consulado de Nicaragua en Miami y en otros Estados de Estados Unidos. «Me dijeron que escriba al Ministerio de Gobernación, que son los únicos que deciden y así lo hice varias veces ya y nunca he recibido respuesta, lo mismo me dicen otras personas, que han escrito y que nunca le responden a nadie», nos indicó una de las personas afectadas. El correo que proveen para esa petición de revisión es solicitudes@migob.com.ni.
A las víctimas no les informan las razones por las que toman esta decisión, muchas de ellas reportan no tener actividad política de ningún tipo y estar preocupadas por sus propiedades y pertenencias en Nicaragua. Además, del costo emocional de no poder ver más a sus familias y ni siquiera haber tenido la oportunidad de despedirse.
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