En una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el embajador de Nicaragua ante este organismo, Luis Alvarado, defendió al sistema de salud nicaragüense ante las críticas por su gestión frente al COVID19.
Alvarado mencionó que la pandemia ha dejado al descubierto a nivel mundial la capacidad que tienen los sistemas de salud de todos los países, y que los sistemas sanitarios de las naciones más desarrolladas como Estados Unidos, España o Italia, «no fueron diseñados para atender a la población empobrecida, para atender a los trabajadores sino que fue diseñada para atender solamente a las personas adineradas con capacidad de pago y de cobertura de los onerosos gastos de salud de estas instituciones».
En su intervención, Alvarado dijo que el sistema de salud nicaragüense no es como el de los países desarrollados porque «a este sistema asisten los pobres, los trabajadores, los pueblos indígenas y afrodescendientes quienes gozan de una cobertura gratuita a nivel nacional»
De igual manera, el embajador del gobierno de Daniel Ortega dijo que muchos países se encuentran carentes de instrumentos y suministros médicos para contrarestar la pandemia y han visto sus sistemas colapsados, y eso no ha pasado en Nicaragua según Alvarado.
«Esta Pandemia, ha sacado a relucir las fortalezas y las falencias que en el campo de la salud afrontamos los Estados Miembros de la Organización y muchos otros países del mundo, y ha demostrado que sistema de salud está en mejores de condiciones de hacerle frente a esta pandemia» dijo Alvarado.
Solicitó detener sanciones
Por otro lado, Alvarado abogó porque se detengan las sanciones en contra de funcionarios nicaragüenses o empresas vinculadas a la corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.
«Aún resuenan la voces de los pueblos como el nicaragüense y naciones del mundo que demandan que se ponga fin a las políticas unilaterales ilegales llamadas sanciones» mencionó Alvarado.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a al menos 4 empresas ligadas a la familia presidencial, una institución pública que es la Policía Nacional y a más de 15 funcionarios públicos. A estas sanciones se unen las advertencias de la Unión Europea de aplicar las mismas medida que Estados Unidos si Ortega no facilita una salida a la crisis política.
El argumento para abogar porque se detengan estas sanciones, es que supuestamente afectan la economía del país pero diversos analistas políticos y económicos han desmentido estas afirmaciones porque los efectos son dirigidos a las personas o empresas sancionadas.
«Que se condone la deuda a los países pobres y cese el bloqueo económico y financiero que se sigue manteniendo en contra diversas naciones del planeta» agregó Alvarado debido a que el gobierno de Ortega no estaría recibiendo fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo desde que estalló la crisis política en abril del 2018
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