Entre el 15 y el 21 de septiembre de 2025, la Policía Nacional de Nicaragua llevó a cabo una campaña de regulación de tránsito en los 153 municipios del país, requisando un total de 15,189 vehículos y realizando 10,018 pruebas de alcoholemia. Según el informe oficial proporcionado por la institución, 107 personas fueron detenidas por conducir sin licencia, 65 por manejar en estado de ebriedad y se suspendieron 903 licencias de conducir. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad preocupante, la policía, al servicio del régimen sandinista liderado por Daniel Ortega, parece priorizar la recaudación económica y el control social sobre la seguridad vial.
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La subcomisionada Karen Obando destacó una supuesta disminución en fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito en lo que va del año, con 7 personas menos fallecidas y 286 colisiones menos en la semana mencionada en comparación con la anterior. No obstante, estas estadísticas, presentadas sin contexto ni datos verificables, generan escepticismo.
La falta de transparencia en los informes oficiales, sumada a la conocida manipulación de datos por parte del régimen, pone en duda la veracidad de estas afirmaciones.
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La detención de conductores sin licencia y la confiscación de vehículos, lejos de ser una medida preventiva, parecen responder a una lógica recaudatoria como se ha denunciado en ocasiones anteriores. En un país donde el acceso a licencias de conducir está plagado de trámites burocráticos y costos elevados, muchos ciudadanos, especialmente en zonas rurales, se ven obligados a conducir sin este documento.
En lugar de implementar políticas educativas o facilitar el acceso a licencias, el régimen opta por castigar severamente a los infractores, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Las multas y la ocupación de vehículos no solo generan ingresos para el Estado, sino que también refuerzan el control sobre una población ya asfixiada por la crisis económica y la represión política.
⚠️ Investigación de @nicaraguainvest y @ConnectasOrg identificó a 50 secretarios políticos del FSLN, a través de diversas fuentes y reportes, que son mantenidos por el presupuesto público https://t.co/SxpcWCuacT
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) September 23, 2025
Además, los operativos de alcoholemia, aunque necesarios en teoría, son aplicados de manera selectiva y opaca. Conductores reportan frecuentemente abusos por parte de agentes policiales, quienes aprovechan estas intervenciones para exigir pagos informales o imponer sanciones desmedidas. La falta de un sistema judicial independiente impide que estas prácticas sean investigadas, dejando a los ciudadanos a merced de una institución que opera como brazo ejecutor del régimen sandinista.
¿Dónde ocurren los accidentes de tránsito?
La distribución geográfica de los accidentes reportados, con Managua liderando con 543 colisiones, seguido de Matagalpa, León, Estelí y Masaya, refleja la precariedad de las infraestructuras viales y la falta de inversión en prevención. En lugar de abordar estas causas estructurales, el régimen ha optado por intensificar los retenes policiales, que más que proteger, intimidan y exprimen económicamente a la población. La narrativa oficial de «éxito» en la reducción de accidentes contrasta con la realidad de una ciudadanía que percibe estas medidas como una extensión del control autoritario de Ortega.
Bajo el pretexto de garantizar la seguridad vial, el régimen sandinista utiliza a la policía para reforzar su maquinaria recaudatoria y de control social, perpetuando un sistema que castiga a los más desfavorecidos mientras evade responsabilidades estructurales.
Nicaragua Investiga
