En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, alertó sobre la crisis en Nicaragua y exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que proteja las libertades religiosas y derechos humanos básicos. Esta denuncia se produce en medio de una escalada de hostigamientos contra la Iglesia católica, que incluye detenciones de clérigos, exilios forzados y el cierre de instituciones educativas religiosas desde 2018.
Gallagher enfatizó la urgencia de un diálogo genuino para resolver el conflicto. «La Santa Sede presta estrecha atención también a la situación en Nicaragua, y confía en que se puedan garantizar adecuadamente las libertades religiosas y otros derechos fundamentales de los individuos y la sociedad. La Santa Sede reitera la necesidad de que haya una participación sincera, respetuosa y constructiva en el diálogo para encontrar soluciones que fomenten la paz y la armonía en el país» declaró.
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En septiembre de 2024, la Santa Sede ya había manifestado su inquietud por las acciones contra la Iglesia. «La Santa Sede está ‘particularmente preocupada’ con ‘las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente la sensible cuestión de la libertad religiosa'». En esa ocasión, instó a las autoridades a «garantice adecuadamente esta libertad junto con otros derechos fundamentales» y ofreció su mediación para un «diálogo respetuoso y constructivo».
Previamente, en marzo de 2023, el observador permanente de la Santa Sede en Ginebra, monseñor Fortunatus Nwachukwu, había condenado el deterioro de los derechos humanos en el país.
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«Es con preocupación que leemos en el Informe el deterioro de la situación sociopolítica y de los derechos humanos en Nicaragua, con el aumento de las restricciones a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, junto con medidas represivas contra […] miembros de la Iglesia católica». Asimismo, reiteró el llamado del papa Francisco a «superar las hostilidades y a buscar espacios de diálogo constructivo entre las partes, sentando las bases para el retorno a una convivencia pacífica basada en el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas».
Reiterados llamamientos al cese de la persecución
En enero de 2025, durante una misa, el fallecido papa Francisco aseguró que «sigo con profunda preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso a ellos, a sus familias y a toda la Iglesia del país mi cercanía en la oración».
En la misma línea, en su discurso al cuerpo diplomático ese mes, afirmó: «No hay verdadera paz, si no viene garantizada también la libertad religiosa, que implica el respeto a la conciencia de los individuos y a la posibilidad de manifestar públicamente la propia fe y pertenencia a una comunidad».
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Estas intervenciones contrastan con la respuesta del régimen, que suspendió relaciones diplomáticas con el Vaticano en 2023 tras calificar a Ortega de líder de una «dictadura grosera», según palabras del pontífice en una entrevista. Informes independientes registran más de mil incidentes contra la fe católica en los últimos años, incluyendo la expulsión de al menos cinco grupos de sacerdotes desde 2022.
Desde 2018 Ortega y Murillo han ordenado persecución, cárcel y destierro contra decenas de sacerdotes, obispos, monjas e incluso laicos.
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