Asegura que el organismo hizo funciones para las cuales no se les invitó
- Acusan a OACNUDH de estar parcializado y emitir informe sin pruebas sólidas
- Insisten en que ellos son las víctimas de un golpe de Estado
El Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en el que rechaza el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y el cual revela serias violaciones a los derechos humanos de las y los nicaragüenses en el marco de las protestas antigubernamentales, durante el período del 18 de abril al 18 de agosto de 2018.
El informe señala uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de los manifestantes, el uso ilegal de grupos armados progubernamentales para reprimir las protestas, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de opositores, así como obstaculización de los procesos judiciales en base a la ley.
OACNUDH llama al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a adoptar medidas para prevenir un mayor deterioro, proponiendo la creación de una Comisión Internacional de Investigación para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
El comunicado emitido por la cancillería nicaragüense dice que «El Gobierno de Nicaragua rechaza la propuesta de informe presentado por la OACNUDH, porque éste va más allá del alcance de la visita para la cual fue invitada mediante Nota del 19 de junio de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos acompañara a la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el Diálogo Nacional».
Es decir, el Gobierno asegura que la invitación a la ONU, era simplemente para observar el trabajo que hacía la Comisión que integró con aliados suyos y que dirige Gustavo Porras, el controversial y agresivo presidente de la Asamblea Nacional.
«Nicaragua no ha invitado a la OACNUDH para una visita in loco con fines de observación a los derechos humanos, ni la resolución de la Asamblea General 48/141 invocada en el precitado informe les concede esta facultad. Por lo cual, la OACNUDH se extralimitó al emitir este documento, que es violatorio al numeral 3 literal a) de la citada resolución, que la obliga a
“respetar la Soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados.”, expresa el texto.
Las víctimas son ellos
Además de considerar el informe como violatorio de la soberanía nacional,Cancillería insiste en que Daniel Ortega y su Gobierno fueron víctimas de un fallido golpe de Estado, en el que según ellos, estarían involucrados partidos de oposición y medios de comunicación.
«El Estado de Nicaragua, reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales pacíficas y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional; basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se dio ningún fallecido ni lesionado», dice expresamente el texto del Gobierno.
«El denominado informe sin ninguna base objetiva sustenta sus afirmaciones en lo que dicen organismos no gubernamentales, medios de comunicación, reportes anónimos y redes sociales o cualquier otra fuente carente de objetividad, no verificada, y el Alto Comisionado las convierte en su denominado informe como verdad irrefutable, sin cumplir con un mínimo estándar que requiere una investigación seria y responsable», agrega.
El texto se esmera en defender la actuación de todas las instituciones del Estado acusadas de ejecutar procesos indebidos durante las protestas, entre ellos; el Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional.
Finalmente rechazan las 14 recomendaciones hechas por OACNUDH «por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas», concluye.
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