La fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron sobre el grave deterioro de las libertades religiosa y de expresión en Nicaragua, en sendos informes que presentaron en los últimos días.
El más reciente de la ACN destaca que en el periodo de análisis del país, entre 2023 y 2024, alertó que los cambios constitucionales y la aprobación de leyes en los últimos años ubican a la nación centroamericana como un país donde hay «persecución religiosa», lo cual incluye la expropiación de bienes a iglesias, la detención y expulsión de líderes religiosos del país, así como el impedimento de que haya libre culto.
Entre las normas que mencionaron en su informe están la “Ley Especial para Regular la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense” y la “Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, por la que los nicaragüenses se encuentran en riesgo de perder su libertad y nacionalidad si el régimen sandinista los considera «traidores a la patria».
«El proceso mediante el cual las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil pueden obtener personería jurídica está controlado por el Ministerio del Interior, que puede otorgarla o revocarla. Esta centralización del poder puede utilizarse para discriminar o restringir la formación de nuevas organizaciones religiosas que no se alineen con las políticas gubernamentales», dijo la ACN este martes 21 de octubre.
Leyes, arrestos e impuestos
Mencionaron como la Ley para la Regulación de Asociaciones y Alianzas de Agentes Extranjeros afecta a las organizaciones religiosas que reciben donaciones del exterior, lo que limita su trabajo y funcionamiento dentro del país.
«En agosto de 2024, se derogaron ciertas disposiciones de la Ley Tributaria, incluida la exención del impuesto sobre la renta para las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas con personalidad jurídica, en lo que respecta a sus ingresos provenientes de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos. Esta modificación sometió a las iglesias y denominaciones religiosas al control de las autoridades fiscales y las obligó a pagar entre el 10 % y el 30 % del impuesto sobre la renta. Esto se aplica a las limosnas, ofrendas y donaciones, bajo un régimen tributario similar al del sector privado», añadieron sobre las reformas legislativas que limitan la libertad religiosa.
Mencionaron que los ataques contra voceros de iglesias, en un país donde el 94 % de la población es católica, continuaron entre los años 2023 y 2024. «Durante el período analizado, organizaciones de derechos humanos denunciaron numerosas detenciones que calificaron de arbitrarias, así como otros actos represivos contra figuras religiosas», añadieron.
Entre los arrestos aún vigentes se cuentan los de las laicas Lesbia Gutiérrez, excoordinadora de una ONG que otorga préstamos a pequeños productores, y Carmen María Sáenz, quien trabajaba en casos de nulidad. «Sus familias no han recibido información sobre su paradero», a pesar de que las hicieron prisioneras en 2024.
Llaman a comunidad internacional a no guardar silencio ante persecución religiosa
Persecución contra obispos y religiosas
No pasaron por alto el caso del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, detenido de forma arbitraria en 2022 y expulsado de Nicaragua un año después, pese a que en principio se negó a irse en un avión expatriado con un grupo de presos políticos que recobraron la libertad, aunque a costa de perder su nacionalidad y salir del país hacia los Estados Unidos.
Al igual hablaron del sacerdote mexicano Padre Ezequiel Buenfil Batún, a quien secuestraron agentes de la policía en enero de 2024, la desaparición del obispo de Isidoro Mora, en diciembre de 2023 y el arresto del padre Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador de la diócesis de Estelí, en julio del año pasado.
«En noviembre de 2024, el gobierno arrestó y exilió al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y ordenó a todas las religiosas abandonar el país antes de fin de año».
Las expulsiones no solo fue contra obispos, también incluyó a sacerdotes y seminaristas a quienes mantuvieron en desaparición forzada como presos políticos por un largo periodo de tiempo.
Sin procesiones
«En 2024, las autoridades prohibieron 4.800 procesiones de Cuaresma y Semana Santa, aunque algunas parroquias organizaron procesiones en torno a los templos. Los ayuntamientos, todos controlados por el régimen, organizaron sus propias actividades religiosas sin la participación de la Iglesia católica. En 2025, las procesiones callejeras fueron prohibidas por tercer año consecutivo, y los medios de comunicación informaron que el gobierno planeaba desplegar 14.000 policías para impedir las procesiones de Semana Santa», añadió la ACN.
A la par de prohibir las manifestaciones religiosas en el país, hay acoso, vigilancia y hostigamiento en las afueras de los templos contra quienes asisten a las iglesias.
«Muchos religiosos se han visto obligados a exiliarse tras la revocación de la personalidad jurídica de las instituciones a las que pertenecen. Durante el período que se examina, cientos de entidades y organizaciones religiosas fueron disueltas arbitrariamente y obligadas a cesar sus actividades», destacan.
Entre las organizaciones que nombraron están: Fundación Hermanas de la Caridad de Nicaragua, Cáritas Matagalpa y Consagradas Misioneras del Santísimo Salvador. A la par «a más de 30 Hermanas de la Orden de Santa Clara se les revocó su personalidad jurídica y fueron expulsadas de tres conventos; se desconoce su paradero».
Discurso de odio
«Otra expresión de intolerancia religiosa ha sido el discurso de odio. La copresidenta Rosario Murillo atacó públicamente a la Iglesia Católica en al menos siete discursos a lo largo de 45 días, utilizando diversos insultos. Describió a los sacerdotes como ‘esbirros de Satanás’, ‘representantes del diablo’, ‘diablos’, ‘blasfemos’ y ‘falsos representantes de Dios’ [94] y celebró sus expulsiones».
La ACN agrega que «durante el período analizado, la hostilidad del gobierno hacia las iglesias se intensificó, violando gravemente el derecho fundamental a la libertad religiosa. La persecución se evidenció en arrestos arbitrarios, exilios, destierros, expulsiones, privación de la nacionalidad, profanación de ritos y símbolos religiosos, prohibición de celebraciones religiosas públicas y cientos de casos de revocación de la personalidad jurídica. Además, la reforma constitucional y la nueva legislación han otorgado al régimen los medios para ejercer un control total sobre las entidades religiosas. Organizaciones internacionales consideran a Nicaragua entre los países con mayores niveles de persecución religiosa. Las perspectivas para el futuro de este derecho fundamental siguen siendo profundamente preocupantes.
Al menos 263 periodistas forzados a salir de Nicaragua desde 2018, según ONG
Qué dijo la SIP sobre la libertad de prensa
La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa celebró en República Dominicana su asamblea anual donde analizó la situación de la libertad de expresión en el continente.
Destacaron que «la situación de la libertad de prensa estuvo marcada por una nueva ola de ataques, restricciones y hostigamiento contra periodistas y medios independientes en este periodo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó su estrategia de control informativo mediante campañas de estigmatización, agresiones digitales, cierre de espacios gremiales y restricciones migratorias. Estos hechos coincidieron con meses políticamente sensibles que antecedieron el 19 de julio, aniversario de la revolución sandinista».
La SIP hizo hincapié en la detención de tres trabajadores de medios de comunicación: Irving Guerrero a quien detuvieron el 9 de febrero de 2025 en la ciudad de León al acusarlo de supuesta tenencia ilegal de armas. También el caso de Leo Cárcamo que «fue capturado violentamente el 22 de noviembre de 2024 y Elsbeth D’Anda, fue arrestado el 27 de octubre de 2024, por permitir en su programa de televisión una llamada en la que un ciudadano se quejaba del alto costo de la canasta básica».
Desacreditar a la prensa
Describieron el acoso por parte de los dictadores, diputados sandinistas y campañas en contra del periodismo libre y crítico.
«Estas acciones se enmarcan en una estrategia institucional de propaganda que busca desacreditar a la prensa crítica e imponer un relato único. Los ataques verbales, las acusaciones sin fundamento y la constante exposición de periodistas como responsables de la polarización social tienen el propósito de justificar la hostilidad del régimen».
Los ataques también incluyeron el cierre de emisoras de radio o cambio de dueños como el de Radio Centro 870 AM, el pasado junio, la cancelación de la personería jurídica de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UNP) en mayo, además de forzar a un canal de televisión a destruir de sus archivos 15 años de memoria histórica por criticar al régimen dictatorial.
Periodista Nicaragua Investiga
