El Poder Judicial empezó una nueva sacudida este fin de semana cuando varios trabajadores fueron notificados a través de una llamada telefónica que sus contratos habían sido cancelados y les pidieron no presentarse a trabajar sin darles explicaciones o motivos de los despidos.

Otros trabajadores no recibieron ninguna llamada, pero cuando se presentaron a las oficinas esta mañana les impidieron el acceso  enterándose en ese mismo momento de la cesantía.

Para evitar contratiempos o protestas de los despedidos, la dictadura Ortega-Murillo ordenó la presencia de un fuerte dispositivo policial en el edificio. El exfuncionario judicial Yader Morazán informó en sus redes sociales que el despligue policial no inició hoy, sino que fue «durante el fin de semana, donde estuvieron realizando llamadas desde ayer a funcionarios de alto rango, mientras que a empleados de menor rango se les impidió el acceso desde los portones a primera hora del día de hoy».

Morazán dijo que los despidos «son en todas las dependencias y niveles». Esto es lo mismo que nos confirmó una fuente bajo anonimato que aseguró que “los corridos son a nivel nacional, no solo en la Corte, son muchos, a diferentes niveles, y siempre antes que den el aguinaldo”.

Muchos de los despedidos son jueces que se prestaron a falsificar pruebas e inventar acusaciones en contra de opositores y periodistas en 2018 para congraciarse con los dictadores que hoy les dan la espalda y les amenazan con cárcel si se resisten a acatar el despido.

Poder Judicial reducido a nada

Yader Morazán recordó en su publicación en X que desde hace dos años se vienen ejecutando purgas en el Poder Judicial. Pero se trata de más quee purgas, ese antiguo poder del Estado fue objeto de una estrategia bien diseñada por parte de la dictadura Ortega-Murillo para castigar a quienes consideraron traidores y a toda la gente que les rodeaba y someterlo por completo a su voluntad.

El inicio podría decirse fue en el mismo 2018 cuando el ahora exmagistrado Rafael Solís y amigo cercano de Ortega, renunció a su cargo y denunció en una carta púbilca sus inconformidades por la represión y el control absoluto que había obtenido la pareja en los último años.

La traición de Solís obligó a los dictadores a aplicar una primera purga para expulsar a una buena parte de trabajadores leales a Solís. Poco después caería en desgracia también, sin que se conozcan las causas expecíficas, la magistrada presidenta Alba Luz Ramos a cuya familia y leales también expulsaron de diferentes puestos clave donde vía nepotismo habían logrado escalar con grandes beneficios salariales.

Más tarde, a inicios de este mismo año, se aprobó en segunda legislatura una reforma constitucional ilegítima que sometió a todos los poderes del Estado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, acabando por completo con el principio de independencia de poderes que rigen las democracias y dejando a esta entidad a merced absoluta de los dictadores.