El grupo INCIDE que aglutina a un grupo de sociólogos, economistas y analistas políticos que buscan incidir en las decisiones coyunturales del país, presentaron una propuesta para que el gobierno de Daniel Ortega haga frente a la pandemia del COVID19 y se evite un alto número de fallecidos así como un mayor declive de la economía nacional.
De acuerdo a Bonifacio Miranda, analista político y miembro de este grupo, la pandemia debe enfrentarse desde el punto de vista sanitario y con una compensación económica para los sectores más vulnerables, y esto debe ser ejecutado por el Estado de Nicaragua.
El grupo de expertos resaltó la manera en que algunos ciudadanos han realizado una autocuarentena para prevenir los contagios a pesar de la inacción del gobierno que aún no aplica medidas serias como otros países de la región. Sin embargo, Miranda explica que «de nada sirve que la ciudadanía esté haciendo el esfuerzo por si solo», si «no tiene el soporte económico para hacerlo».
El economista Eduardo Solórzano dijo que los nicaragüenses que han optado por quedarse en sus casas no tienen el dinero suficiente para pagar los servicios básicos, comprar comida, medicinas y demás gastos, por lo cual se deben establecer políticas económicas que permitan brindarle oxigeno a las familias y a los sectores vulnerables.
Por esto mismo es que el grupo propone que sea el Estado de Nicaragua el que asuma el pago de los servicios básicos por al menos seis meses de las familias que cayeron en el desempleo producto de la pandemia del COVID19, así como crear un paquete de apoyo económico para la MIPYMES, sector turismo y servicios «con el objetivo de evitar su ruina para conservar el empleo de sus trabajadores».
De igual manera, el grupo de expertos propone que se cree un impuesto temporal a las grandes empresas y se canalicen estos fondos para brindar ayuda económica a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de establecer una moratoria de los bancos a los deudores.
También recomiendan ajustar los precios de la energía para reducir la presión económica sobre las MIPYMES aprovechando la caída del precio internacional del petróleo, al igual que desgravar el IVA de los productos de la canasta básica mientras dure la pandemia. El Presupuesto General de la República debe ser reformado, propone el grupo, y se deben reorientar fondos para el MINSA «reduciendo gastos superfluos y altos salarios para priorizar los gastos en salud».
Por su parte, Miranda alega que el Estado de Nicaragua tiene que obtener los recursos económicos haciendo las gestiones a nivel internacional pero condicionado al restablecimiento de las libertades políticas del país, por lo cual, el gobierno de Ortega tendría que cumplir primero con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo del 2019 para optar a fondos internacionales y que se garantice que estos no sean destinados para represión u otra cosa que no sea atender la pandemia.
«Aunque la ciudadania desconfía del régimen por la represión sangrienta y las políticas desacertadas para enfrentar la pandemia, (el gobierno) tiene la obligación de escuchar el clamor ciudadano que pide medidas concretas para combatir la pandemia» dicen los expertos.
«Es cierto que son una dictadura pero tiene que cumplir con su labor como gobierno» y se le debe exigir con las obligaciones que cualquier gobierno del mundo está haciendo, complementa Miranda.
Foto principal: Nicaragua Investiga
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