La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección, el pasado 12 de diciembre, a nueve personas privadas de libertad en Nicaragua. La decisión se tomó tras considerar que los beneficiarios enfrentan una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales, a favor de los condenados por la llamada «masacre del 19 de julio».
Los beneficiarios de la resolución número 93/2025 son Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarias Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
Según la solicitud presentada ante la CIDH, estos hombres se encuentran en condiciones precarias de reclusión. Entre las denuncias figuran la falta de acceso a atención médica adecuada, insuficiencia de alimentación, ausencia de agua potable y celdas insalubres. Además, se reportaron amenazas por parte de agentes penitenciarios.
La Comisión observó que los beneficiarios presentan diversos padecimientos de salud sin que hasta la fecha hayan recibido atención médica especializada. También tomó nota de las amenazas atribuidas a funcionarios estatales y de la imposibilidad de activar mecanismos internos de protección por temor a represalias.
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Medidas solicitadas
En su resolución, la CIDH pidió al Estado de Nicaragua adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios. Asimismo, solicitó garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales, incluyendo acceso a atención médica, alimentación adecuada y agua potable.
El organismo interamericano también instó a que se asegure que los detenidos no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro de los centros penitenciarios. Además, recomendó realizar una valoración médica integral de su estado de salud y concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes.
La CIDH subrayó que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano. Se trata de una acción preventiva destinada a evitar daños irreparables mientras se evalúan posibles violaciones a los derechos humanos.
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Qué fue la masacre del 19 de julio
El caso está vinculado a los hechos ocurridos el 19 de julio de 2018, conocidos como la “masacre del 19 de julio”. Ese día, en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno, se registraron enfrentamientos en varias localidades de Nicaragua que dejaron un número significativo de víctimas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Los nueve beneficiarios de la resolución fueron procesados en relación con esos sucesos, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de los juicios y las garantías judiciales. Diversos organismos internacionales han señalado que las detenciones se produjeron en un contexto de represión contra voces críticas.
La ausencia de respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la solicitud de información de la CIDH fue destacada en la resolución. El organismo indicó que no se pudo apreciar ninguna acción oficial destinada a atender o mitigar la situación de riesgo identificada.
Periodista Nicaragua Investiga
