Unión Europea sanciona a seis funcionarios nicaragüenses

La Unión Europea sancionó este lunes 4 de mayo a la exministra de Salud, Sonia Castro, el asesor presidencial en temas de Seguridad Néstor Moncada Lau y a los comisionados generales de la Policía Nacional Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

Todos son acusados por la Unión Europea de estar involucrados en violaciones graves a los derechos humanos durante la represión estatal tras las protestas ciudadanas que estallaron en abril del 2018 y que exigían la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Las sanciones de la Unión Europea incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de entrada a cualquier país de ese bloque de países.

Según la declaración del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no han habido avances tangibles en cuanto al respeto a los derechos humanos y la democracia por parte de las autoridades nicaragüenses, y  la represión en contra de líderes opositores, periodistas, religiosos y demás ciudadanos ha continuado, y es por ello que se ha decidido proceder con las sanciones en contra de estos seis funcionarios.

Borrell enfatiza que esta medida es tomada bajo la línea de la Unión Europea que busca impulsar una salida pacífica, democrática y negociada en Nicaragua, y espera que Ortega cumpla los acuerdos firmados en marzo del 2019 en la mesa de negociación, en donde se comprometió a restablecer las libertades públicas como la libertad de manifestación, expresión y prensa y la devolución de los edificios confiscados a medios de comunicación, entre otras cosas.

La Unión Europea también demanda que el gobierno de Ortega permita el regreso al país de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Policía Nacional es considerada como el principal brazo represor de Daniel Ortega – Foto: Nicaragua Investiga

Por otro lado, la UE también urge un acuerdo entre la oposición aglomerada en la Coalición Nacional y el gobierno de Ortega para encontrar una salida pacífica a la crisis política por la vía electoral, y que estas sean justas, libres y transparentes.

Las sanciones impuestas este lunes 4 de mayo contra los funcionarios sandinistas vienen a sacudir el terreno político del gobierno de Daniel Ortega que precisamente ha querido utilizar la pandemia del Covid-19 para que sean retiradas las imposiciones de países extranjeros por violación a derechos humanos.

Justo esta mañana, Ortega abogó por que se detuvieran las sanciones en contra de sus funcionarios y las administraciones de otros países como Cuba y Venezuela, en su intervención durante una cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados.

 

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