Los paramilitares que tuvieron un papel deplorable durante la crisis sociopolítica que se dio en Nicaragua en abril de 2018 y que asesinaron a cientos de manifestantes opositores al gobierno de Daniel Ortega han vuelto a aparecer. En esta ocasión los sujetos que se movilizan en algunas veces en motocicletas lo hacen con el fin de evitar críticas al Ministerio de Salud y la forma que han tratado la pandemia del COVID19.
Los familiares del exreo político Uriel Pérez, quien fue sacado de la cárcel “La Modelo” tras presentar síntomas relacionados con el COVID19, fueron testigos de ello.
La madre de Uriel, Silvana Pérez, en la búsqueda de su hijo se llevó la triste noticia que estaba intubado en el Hospital Alemán Nicaragüense, por lo que se mantuvieron en las afuera de ese centro hospitalario esperando una respuesta clara sobre la situación del preso político.
Mientras los familiares se encontraban en las afueras de este hospital de Managua, paramilitares a bordo de motocicletas se apostaron cerca de la familia de Uriel Pérez causando hostigamiento, intimidación y persecución.
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El abogado de derechos humanos Julio Montenegro dijo a Nicaragua Investiga que la intimidación y asedio de los paramilitares hacia la familia de Uriel Pérez “es una violación a los derechos humanos porque el Estado debe garantizar la vida y lo que es la integridad física, incluso con los familiares de los procesados”.
“Es un daño adicional que se le está provocando, y aparte de privar de libertad a una persona por una acusación ficticia (…) también le han causado un daño sicológico a la familia”, sostiene Montenegro.
Periodistas perseguidos
Los reporteros independientes también han sido víctimas de estos sujetos que se han apostado con vestimenta de civil en las afueras de los hospitales públicos para impedir que cualquier persona grabe las anomalías del sistema sanitario y proteste por casos de anomalías que se han denunciado por algunos familiares en redes sociales.
El hospital Manolo Morales. Foto: NICARAGUA INVESTIGA
Eber Acevedo, abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), se refiere al tema del asedio de los paramilitares en los hospitales públicos como una estrategia de “intimidación que ha ocupado el gobierno (sandinista) para evitar que se haga público las muertes por este tipo de pandemia”.
“En el caso de Uriel es para evitar que las familias haga pública la denuncia para que ellos (la familia de Pérez) se sientan atemorizados y así no salir ante los medios de comunicación denunciando lo que está sufriendo el muchacho y su familiares”, alega Acevedo.
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