Defensores de derechos humanos y familiares de reclusos han denunciado que dentro del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo” se reportan presos políticos y comunes con síntomas relacionados al COVID19, por lo que están expuestos y vulnerables a un contagio masivo por el hacinamiento que desde hace años se vive en las celdas de ese penal.
Un documento divulgado el día de ayer por varias organizaciones, entre las que se encuentra la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua, sostiene que “se reportan al menos 37 personas presas políticas con sintomatología respiratoria, que podría corresponder COVID-19, tales como: fiebre, dolor en el cuerpo, en ojos y garganta, pérdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos”.
Estos presos se encuentran distribuidos en los sistemas penitenciarios de Tipitapa, Granada, Chinandega, Waslalí y La Esperanza.
Expertos en derechos humanos alegan que el Estado viola el acceso a la salud de estos detenidos al no facilitares atención médica oportuna a como los establece la ley.
El artículo 59 de la Constitución Política establece que “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación”.
El abogado Julio Montenegro, defensor de algunos presos políticos expresa que “los presos políticos, no han perdido esa categoría de ser ciudadanos nicaragüenses”.
El doctor Julio Montenegro, abogado de presos políticos. Fotos NI
“Como están bajo la tutela de un sistema penitenciario al resguardo de funcionarios y en vista que ellos no pueden deambular por sí mismos, sino que están sujetos a las medidas restrictivas, son las autoridades las que deben de tomar las medidas pertinentes para evitar un contagio”, dice Montenegro alegando que “indudablemente se está violentando este derecho”.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), manifiesta que el fin del cumplimiento de la pena de los reclusos es propiciar un cambio de conducta a través de un régimen humanitario donde se respeten los derechos humanos, algo que según Cuevas no sucede en Nicaragua.
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Cuevas menciona que “la Ley 473; (Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena), dice que cuando ingresa un interno el funcionario debe leerle un manual donde tienen sus derechos y obligaciones: lo primero que le dicen a los internos los funcionarios es que aquí ustedes no tienen derecho. Aquí nosotros mandamos”, subraya el defensor.
“Ahora con el contexto sociopolítico existe un aval de voluntad perversa de provocar el mayor sufrimiento posible a los internos que ingresan a los penales producto de ejercer su derecho constitucional a la protesta.” dijo Cuevas, y añade que “una de estas actitudes de los funcionarios para que sufran lo más posible los internos es vulnerando el derecho a la salud”, agregó el abogado de la CPDH.
La Ley 473 establece en el artículo 34 que “los locales para el alojamiento de los privados de libertad, así como aquellos en que donde se desarrolle la vida comunitaria de éstos, deben tener garantizados el espacio físico necesario, así como las instalaciones higiénico sanitarias básicas para la satisfacción de las necesidades de éstos”. En su artículo 93 ampara que los reclusos pueden “solicitar los servicios médicos especializados que brinden los centros asistenciales privados”
Foto principal: Nicaragua Investiga
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