La pandemia del Covid-19 no solo está generando una crisis a nivel sanitario, sino que también en el ámbito ambiental, las áreas protegidas de Nicaragua se encuentran aún más vulnerables.
El establecimiento de una cuarentena voluntaria por parte de organizaciones sin fines de lucro y las comunidades indígenas, que son quienes se dedican a proteger estas zonas, ha encrudecido los saqueos e invasiones.
“Nosotros pensábamos que con esto de la pandemia iba a bajar un poco la invasión, pero surgió lo contrario”, señala Princess Barberena, secretaria del gobierno territorial Rama y Kriol.
El problema es que mientras las comunidades indígenas y organizaciones que, generalmente asumen el papel de protección, se mantienen bajo resguardo, los saqueadores de recursos e invasores de tierras continúan acechando las zonas protegidas del país.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, comparte que la disminución del trabajo de la sociedad civil para no arriesgar a su personal de protección y vigilancia, aumenta la vulnerabilidad de las zonas protegidas, los recursos naturales y las especies.
Nuevo sector de invasión localizado en Indio Maíz | Foto: Fundación del Río
“Como nosotros como líderes comunales, y con los equipos de guardabosques, no estamos realizando actividades en campo, creemos que, por no monitorear en un periodo de un mes y medio, la gente con mucha más razón se ha estado moviendo” señala Barberena.
El boletín Mongabay señala que los guardabosques que vigilaban las playas del Pacífico nicaragüense, donde las tortugas desovan cada año, han detenido sus actividades por la pandemia, lo que aumenta el temor de que se propicien saqueos masivos de huevos de tortugas durante este próximo mes de agosto.
Tortugas, lapas, chocoyos, garrobos; forman parte de la lista de especies que más se trafican en el país, y “los traficantes de sus huevos, se mantienen aún en las calles” destaca Ruiz.
Vulnerabilidad solo aumenta
Barberena destaca que desde mucho antes de la pandemia el país ya enfrentaba diversas afectaciones, “Indio Maíz ya presentaba el avance de la frontera agrícola, la ganadería intensiva, los despales, las quemas”.
Por lo que el coronavirus solo ha agravado una situación que ya era latente desde años anteriores, y que según Ruiz ha venido deteriorándose a un ritmo acelerado desde el año 2017.
“Con la pandemia lo que hemos notado es que hay nuevas personas en el área porque se han venido de las ciudades a estas áreas protegidas” agrega Barberena.
Además, comparte que, a pesar de que la comunidad se declaró en auto cuarentena el pasado 1 de junio y hayan tomado medidas estrictas, la afluencia de personas sigue en movimiento, “las pangas, los botes, siguen viniendo a la comunidad”.
Y temen que estas personas que son ajenas a las comunidades, provoquen un brote de Covid-19, ya que “el sistema de salud en nuestro municipio, en nuestra comunidad, es ineficiente, actualmente no hay medicamentos, no había medicamentos antes de la pandemia, peor ahora”.
Complicidad de gobiernos locales eleva los saqueos e invasiones
El ambientalista Camilo de Castro señala que actualmente existe “una piñata” de tierras de ganaderos ilegales, de traficantes de tierras vinculados a alcaldías locales, y personas que entran a despalar con la protección del gobierno.
“Esto pone en peligro a las comunidades” destaca el ambientalista, y alerta que personas del Frente Sandinista (FSLN) están yendo a las comunidades con algunos “líderes indígenas corruptos, que promueve el mismo gobierno, y están enfermando a los comunitarios”.
Un líder indígena Mayangna denuncia que la gente se está aprovechando, y que “los concejales del partido FSLN, están llegando a la reserva donde están los colonos despalando y contaminando los ríos con el ganado, y hacen propaganda”.
Foto: Cortesía
La situación para los comunitarios se encuentra en un punto crítico, de acuerdo al líder indígena, quien cuenta que actualmente se han creado grupos armados que cobran a las personas el 50% de lo que trabajan.
Los grupos armados realizan patrullajes, haciéndose pasar por guardabosques y amenazan a los comunitarios, “si un comunitario del Río Kaska se va al Río Waspuk a buscar dinero, le preguntan qué va a hacer, cuántos días va a estar, cuánto va a pagar y le amenazan de muerte”.
Además, alerta que en la reserva los colonos también están involucrados en tema de drogas, se están dedicando a la siembra de marihuana, y a los comunitarios les cambian tierras con los mismos “actos ilícitos”.
“Ni las autoridades, ni los líderes, ni el gobierno municipal, ni el ejército, ni la policía, actúan como debe ser para el bien de las familias”.
Rechaza que las autoridades no controlen la situación y que los comunitarios no puedan actualmente caminar de forma tranquila por el bosque, debido a la misma inseguridad, y comparte que “nunca habíamos visto ese tipo de situación nosotros como indígenas mayagnas”.
Asegura que los gobiernos territoriales no pueden pronunciarse porque el gobierno les está presionando, y destaca que, si “nosotros no hemos recibido ningún proyecto social en las comunidades, mucho menos la reserva, ya llevan años sin hacer nada”.
De Castro considera que la misma situación de vulnerabilidad en la que están los comunitarios, obliga a algunos líderes a acercarse al gobierno para resolver necesidades básicas y que “también es tentadora para otros líderes que son corruptos y que aprovechan el hecho que el gobierno no está haciendo cumplir la ley para permitir el acceso de ganaderos y otras personas al territorio arrendando tierras”.
El ambientalista puntualiza que las comunidades que antes hacían un esfuerzo por proteger esas tierras ahora están enfrentando una crisis mayor porque se están enfermando por la pandemia y no tienen los recursos para enfrentar una crisis de esta magnitud, por lo que el principal enfoque es que el Estado de Nicaragua no hace nada al respecto y está incumpliendo la ley.
Ausencia de medidas encrudecen la situación
Ruiz alerta que la falta de voluntad política para atender la crisis ambiental y la falta de medidas de prevención del Covid-19 encrudecen la situación en las zonas protegidas.
“Hay mucha población que sigue circulando y muchas de estas aprovechan a que las organizaciones no están 100% en su capacidad, por las medidas preventivas que han tomado, y aprovechan para seguir saqueando esos recursos naturales”.
Asegura que si se tomaran medidas de cara a la prevención del virus, donde se llame a toda la población a detenerse, no solo disminuirían los contagios, sino que también se detendrían otros procesos de ilegalidad y de inseguridad en el país.
Y advierte que cuando la gente empiece a tener mayores dificultades económicas, va a aumentar el saqueo a los recursos naturales, el tráfico ilegal de especies, los procesos de invasión y la deforestación.
Foto principal: Cortesía
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