Funcionaria destituida de Corte Suprema sin recibir pago de indemnización «por no pensar igual»

La funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, Rafaela Martínez Mairena, fue destituida de su cargo que tenía en los juzgados de familia el 7 de febrero de 2020. Los motivos de su despedida se da «por no pensar igual».

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le pagó lo correspondido, lo cual ella exige que se le paguen los «salarios caídos, o bien, que me paguen mi indemnización«.

A ella le logran pagar solamente C$11,898; pero no la indemnizan, sino que la CSJ le cobra C$6,282.50 por ser despedida dos días después de su pago mensual.

El cobro se reflejó el día de su liquidación. Además recibió una notificación el 11 de marzo de este año sobre su deuda con la CSJ.

Explica que su indemnización cuya cantidad ronda entre 80 mil a 90 mil córdobas, pero la CSJ no le ha hecho el pago correspondido.

«Me despidieron pero que me paguen mi dinero, que no se queden con mi dinero, es mi trabajo de años y no es posible que ellos se queden (con el dinero)», reclama Martínez.

Trabajó bajos presiones políticas

Martínez trabajó bajo presiones y cambios «arbitrarios» desde septiembre de 2019 hasta el día de su despido. Las presiones surgieron cuando empezaron los traslados, que es cuando a un funcionario lo cambian a otro complejo judicial.

La exfuncionaria contó que los traslados eran «arbitrarios porque no se tomó en cuenta mi voluntad, que así lo establece el convenio colectivo», dice.

Su traslado fue a los juzgados de Ciudad Sandino y se cambió de la materia de familia a lo penal. Ella catalogó dichos traslados, como violaciones al Código del Trabajo y a la Ley de Carrera Judicial.

Violaciones por el órgano que administra justicia

Eugenio Membreño, abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), y defensor legal de Martínez, aseguró que lo grave es por parte del órgano jurisdiccional.

«Si el órgano judicial que administra justifica donde están los magistrado especializados y que fueron Ministros del Trabajo», acotó Membreño.

Agrega que dentro de la CSJ hay varios magistrados expertos en temas laborales y «estamos hablando que es el Poder Judicial es el que está violentando los derechos laborales».

Considera grave el actuar de la CSJ porque violenta «los derechos consignados en la Constitución Política».

«El convenio colectivo también se está violentando que es parte integrante del contrato de trabajo durante lo vigente de convenio», explica el jurista.

Corte Suprema emite cobro contradictorio

Membreño deja claro que el cobro que le hace CSJ es contradictorio: «el convenio colectivo habla que debe mantenerse su salario durante su proceso administrativo», dice.

«Ella legalmente por convención colectiva está devengando su salario hasta que haya una sentencia firme», agregó el abogado.

Rafaela Martínez espera una respuesta consciente de parte del CSJ ya que cuenta con grandes deudas que ahora la agobian y no tiene cómo pagar.

Foto principal: Nicaragua Investiga

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