La activista Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, asegura que los femicidios en el país “se han profundizado en esta época de crisis sociopolítica a partir del 18 de abril del año pasado” y considera que a nivel estatal se han favorecido las condiciones para la impunidad en los casos de violencia contra mujeres.
El organismo Católicas por el Derecho a Decidir registra 44 femicidios en lo que va del año 2019, siendo el hogar el sitio más peligroso para las mujeres.
Por otro lado, las edades de las víctimas están entre los 12 y 50 años. Más de la mitad de ellas no superan los 25 años.
A esa cifra de 44 mujeres asesinadas, se suman 52 casos de femicidios frustrados.
Críticas al Gobierno por manejo de la situación
El pasado 17 de agosto, el Gobierno anunció que creará una comisión nacional interinstitucional encargada de elaborar un diagnostico sobre los femicidios, delitos contra las mujeres y atención a suicidios, sin embargo, Mirna Blandón cuestiona la calidad del trabajo que pueda surgir de este órgano, ya que enfatiza que desde el Estado se cometen y promueven violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres.
“Hemos estado al lado de mujeres que han sido víctimas de secuestros y torturas en el marco de esta crisis y de las personas secuestradas”, dijo Blandón, quien además aseguró que “este gobierno (de Daniel Ortega) nunca ha estado a favor de las mujeres” porque desde hace muchos años han luchado por sus derechos y solo han obtenido represión y criminalización.
“Sino no se hubiera cerrado CISAS, sino no nos hubieran hecho obstáculos para unas marchas que hemos realizado, sino no llevaríamos más de 40 femicidios en este momento” , expresó la activista.
Para Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres “la violencia política y graves violaciones de derechos humanos ocasionan que problemáticas sociales como la violencia machista se agudicen”.
Jiménez considera que “la distribución de armas de guerra a grupos afines al gobierno para la represión crea condiciones de mayor letalidad, ejemplo de ello fueron los femicidios de mujeres por encargo, es decir sicariato, que fueron ejecutados por elementos armados que simularon delitos comunes como el asalto para justificar esos crímenes”, expresó.
Jiménez también cree que el repunte de los casos de femicidio están vinculados al cierre de las Comisarías de la Mujer hace dos años, lo cual, según dice motiva a los agresores porque conocen que hay impunidad y debilidad en la atención de este tipo de delitos.
Jiménez asegura que desde el Estado no se percibe voluntad política para mejorar la problemática, sino que más bien ha sido desde el Gobierno que han surgido las principales fisuras al abordaje integral que antes se trataba de hacer a este tipo de casos. “Sus acciones por el contrario han debilitado todo el trabajo realizado en materia de prevención y atención, reformaron ley 779, cerraron comisarías, implementan una política y un reglamento derivado en la reforma a ley 779, mediante la cual prevalece la mediación para resolver delitos graves de violencia”, manifestó.
Los movimientos feministas se encuentran en demanda de la liberación de la única presa política que permanece en la Cárcel La Esperanza. Se trata de María Ruíz Briceño, detenida el 13 de julio, luego de participar en una protesta en las cercanías de la Catedral de Managua. La policía la acusa de robo agravado.
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