En un artículo de opinión publicado este lunes por el presidente ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, denunció que tras los despidos de una zona franca del país, hay un «trasfondo macabro» pues en su mayoría se encontraban personas con mayor experiencia y algunas de ellas con enfermedades crónicas.
Chamorro señala que tanto para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y las empresas, estos trabajadores representaban un mayor costo por ser de mayor edad.
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«Despidieron a personas diabéticas y con otros padecimientos crónicos, incluso algunos bajo tratamiento contra el cáncer. El régimen permitió el despido porque estos trabajadores pronto dejarán de cotizar y al cumplir la edad de retiro tendrán que comenzar a pagarles sus pensiones. Además, al no estar asegurados pierden el derecho a la atención médica y el INSS se ahorra esos gastos. Si no son reincorporados, estos trabajadores habrán perdido sus años de cotización y no accederán a una pensión», escribió Chamorro en un artículo llamado: Un Plan de País para transformar la producción.
Juan Sebastián Chamorro, presidente ejecutivo de la Alianza Cívica
El economista Luis Murillo señala a Nicaragua Investiga que la raíz de este problema es el mal manejo que el Estado ha hecho al seguro social y ve a los jóvenes como cotizantes pero a los adultos, de 35 años, como un estorbo.
«Tenemos un seguro social que se nutre de cotizaciones, cuando la persona esta en edad de trabajar y mira a los adultos de 35 años como un obstáculo; es un problema de naturaleza mal manejado el sistema de seguridad social. Lo que hace es sangrar a las persona y la miran como un obstáculo», dice Murillo.
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Murillo añade que la percepción que se tiene que personas mayores representan un mayor costo, cuando lo adecuado debería ser que una persona durante su vida activa haya cotizado, goce de sus beneficios en su vejez.
Juan Sebastián Chamorro señala que urge un plan de país que se enfoque en una nueva forma de trabajar. «En la que el Gobierno Central facilite el desarrollo de las empresas y sus empleados. Y que además garantice que al concluir su vida laboral, los trabajadores reciban una pensión digna que compense todos esos años de dedicación.
El gobierno de Daniel Ortega reveló que las afiliaciones en el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) crecieron en enero y febrero de este año en 15, 585 personas, pero se redujo de marzo a mayo en 33, 965 asegurados.
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