Advierten riesgo de reformar Constitución para establecer cadena perpetua

Daniel Ortega sostuvo un discurso virulento en el acto de celebración del 199 aniversario de la Independencia de Nicaragua en el que advirtió que va a «fortalecer el sistema judicial» e instalar penas mayores para aplicar cadena perpetua a las personas que comentan «crímenes de odio«.

Sin embargo, algunos opositores señalan el riesgo que implica que se de inicio a este proceso, no solo porque consideran que Ortega quiere usar esta nueva pena como arma de control político, sino porque para hacerlo se debe implementar una reforma a la Constitución Política, que es donde se establece la pena máxima de prisión y eso aseguran, puede abrir a una serie de posibilidades.

Juan Sebastián Chamorro asegura que la cadena perpetua «es una amenaza creíble (…) pero detrás de esto, y que no lo dijo (Ortega), es que se requiere de una reforma constitucional», señaló.

«Detrás de esa reforma para imponer cadena perpetua, que estoy seguro que tiene la intención, tiene otras intenciones de cercenar aún más las libertades públicas consignadas en la Constitución (…) claramente se ve que esto lo está tratando de hacer como una excusa para algo más», aseveró Chamorro.

Juan Sebastián Chamorro, Alianza Cívica.

Fanor Avendaño, experto en temas constitucionales, detalló que sería un proceso extremadamente complejo cambiar la pena máxima en Nicaragua. Inicialmente porque tendría que introducirse una solicitud de reforma constitucional. «Este trámite proceso y aprobación, sí y solo sí, se puede realizar en dos legislaturas, o sea, que en lo mínimo se materializaría en el año 2021», analiza.

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«La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años», dice el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua.

Mientras que el artículo 47 reza que en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

El analista Fanor Avendaño. Foto: Nicaragua Investiga

Estos están consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

De tal manera que Avendaño valora que el gobierno de Ortega tendría que consultar obligatoriamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que su pleno le dictamine si procede alguna reforma, «puesto que sus normas son por principio universal ampliar derechos no restringir derechos», indica el experto.

Según Avendaño, la obligatoria consulta que debe hacer Ortega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar una pena de este tipo, se debe a que se alterarían los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocido como pacto de San José, del cual Nicaragua es firmante. Además, se trastocaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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«Una manifestación del populismo»

María Asunción Moreno, catedrática universitaria en temas constitucionales, concuerda con la opinión de Avendaño donde resalta que la reforma «constituiría una flagrante violación al compromiso internacional asumido por el Estado de Nicaragua, ya que al ser Estado firmante de los principales tratados internacionales de protección de Derechos Humanos».

«Esta obligación conlleva la prohibición de regresividad o irreversibilidad en la protección de los derechos humanos, que implica la imposibilidad de que se reduzca la protección ya acordada por el constituyente de 1987 que estableció 30 años de prisión como límite máximo de la pena», manifiesta Moreno.

Esto quiere decir, explica la jurista, que el Estado de Nicaragua tiene prohibido tomar cualquier medida legislativa tendiente a retrotraer o menoscabar un derecho ya reconocido constitucionalmente.

«De tal forma que cualquier propuesta de reforma que implique regresión normativa de los derechos ya reconocidos, sería por su propia naturaleza, inconstitucional, y causaría un gran problema en el ámbito jurídico internacional», expone Moreno, y agrega que es «tanto a nivel del sistema de protección regional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos como universal ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas)».

María Asunción Moreno, experta en temas constitucionales. Foto: Cortesía

Moreno deja claro que aún no existe una ley como tal, sino una declaración del Ejecutivo proponiendo una reforma a las leyes para incorporar a la legislación penal la tipificación de «los crímenes de odio» e incorporar al ordenamiento jurídico la pena de cadena perpetua.

«Para estos delitos como una manifestación del populismo punitivo suele ser utilizado por los gobiernos para ganar «simpatía entre la población» ofreciendo una política penal de mano dura, en lugar de prevención y protección de los derechos de los ciudadanos», remarcó la experta.

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Denuncian desesperación del oficialismo

Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), considera como una «bajeza»  del gobierno, utilizar el caso de las niñas de Mulukukú para según dice, «disfrazar su nueva línea de represión hacia la oposición nicaragüense».

«Es una muestra más que para él (Daniel Ortega) la política y aferrarse al poder está por encima de la vida, en esta caso particularmente de la vida de la niñez y de la mujer», manifestó Incer.

El integrante de la UNAB asegura  que  este intento por reformar las leyes, responde a una muestra de frustración por no haber aplacado a la oposición y el avance de la organización de esta misma. «Ya quisiera a estas alturas haber apagado toda muestra de la llama de Abril, sin embrago lo que se ha encontrado más organización, más unidad, mayor firmeza y mayor presión internacional», remarcó Incer.