Cosep: Ortega instrumentaliza a los Poderes del Estado para fines políticos

El Cosep denunció que ante la negatividad  del Gobierno de Nicaragua de actuar conforme lo establecido por la ley, denuncian ante la comunidad internacional que Ortega  “está haciendo uso una vez más, de todos los poderes e instituciones del Estado para garantizar mayor control de la disidencia política".

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en un extenso comunicado emitido este jueves rechaza rotundamente la Ley de Ciberdelitos aprobada por la Asamblea Nacional, además muestra preocupación por la grave violación al derecho a la libertad de prensa en Nicaragua, por tanto, llama al gobierno a actuar en función de los intereses nacionales.

“Hacemos un llamado al gobierno para que dé muestras de voluntad política de actuar en función de los intereses nacionales y no de su partido, a que enfoque sus políticas y recursos en trabajar para la solución de la crisis sociopolítica restableciendo las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses y orientar sus capacidades institucionales e internacionales, en la reconstrucción económica del país; por lo que le hacemos un llamado a trabajar por Nicaragua”, solicita el COSEP.

Ante la negatividad  del Gobierno de Nicaragua de actuar conforme lo establecido por la ley, denuncian ante la comunidad internacional que Ortega  “está haciendo uso una vez más, de todos los poderes e instituciones del Estado para garantizar mayor control de la disidencia política y el cierre de los espacios cívicos, anular las presiones nacionales e internacionales para la realización de reformas electorales que permitan acordar la celebración de elecciones en noviembre del 2021; incumplir con su obligación de liberación de todos los presos políticos y asumir su responsabilidad de restablecer en forma plena, los derechos y garantías ciudadanas de todos los nicaragüenses”.

Leyes con fines políticos 

También detallan que los fines de las leyes como la de Ciberdelitos y Agentes Extranjeros, el gobierno solo este interesado en fines políticos y no públicos.

“Al aprobarse la ley, queda en evidencia que la misma estará siendo utilizada no con ­fines de interés público como lo hacen los países que se gobiernan bajo las reglas de un Estado de Derecho y de respeto a la Institucionalidad Democrática, sino con fi­nes eminentemente políticos partidarios al introducir ilícitos penales que se vinculan con el discurso estigmatizante y amenazante recurrente del gobierno contra toda expresión de protesta y disenso ciudadano; todo con el único ­n antidemocrático, de acallar y reprimir a quienes se le oponen cívicamente”, dicta el comunicado en del COSEP.

Además, explican que la misma ley responde a una estrategia del gobierno de Ortega para la instrumentalización de los Poderes del Estado e implementar mecanismos de control y represión contra periodistas, ONGs, movimientos sociales, disidencia política y las libertades públicas de los ciudadanos en general.

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Según lo escrito por el agremiado de la empresa privada, La ley tipi­fica una serie de delitos que criminalizan la utilización de las redes sociales y medios de comunicación independientes que se utilizan legítimamente para la denuncia de violaciones de derechos humanos y los abusos del Estado.

En ese sentido, detallan,  bajo la discreción del gobierno y sus órganos represivos, a partir de que la misma entre en vigencia, en nuestro país será delito y considerado como un criminal, quien “propague noticias falsas o tergiversadas utilizando las TIC, para producir alarma, temor, zozobra en la población; perjudicar el honor, prestigio o reputación de una persona o su familia; e incitar al odio y la violencia, poner en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”.

La empresa privada considera que la Ley aprobada, además, “desarrolla y habilita a los órganos de gobierno para utilizar a su discreción métodos coercitivos penales, al establecer procedimientos, medidas cautelares y procesales que tendrán naturaleza confi­scatoria; afectarán el funcionamiento y obligaciones de empresas privadas de comunicación; violentarán derechos de privacidad y confidencialidad constitucional de los ciudadanos”.

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