El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la implementación de sanciones económicas en contra del diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, El jefe Policial de la ciudad de León Fidel Domínguez y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar en «un esfuerzo por atacar a los funcionarios del gobierno que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua», indica el comunicado de la entidad norteamericana.
«Cada uno de los individuos designados hoy es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega», asegura el Departamento del Tesoro.
El Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. dijo que la administración de Estados Unidos “sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y denunciando a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo nicaragüense”.
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Wálmaro Gutiérrez es uno de los diputados con más visibilidad dentro del sandinismo y en los últimos años ha reforzado su sumisión a Daniel Ortega justificando el uso de la fuerza letal y paramilitares durante las protestas sociales de abril de 2018 y declarando al gobierno víctima de «un fallido golpe de Estado». También ha defendido el modelo económico del actual gobierno enfocado en aumentar impuestos para sostener el programa de prebendas que benefician a la militancia partidaria.
Estados Unidos acusa particularmente a Wálmaro Gutiérrez de apoyar públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros que «probablemente se invocará para atacar a personas u organizaciones clave que el gobierno considere una amenaza. La ley también afectará a los implementadores de programas humanitarios y democráticos en el país, ya que los contratistas pueden no querer arriesgarse a ser un objetivo del régimen debido a su trabajo con organizaciones internacionales de desarrollo», según indica el comunicado.
El represor de León
A Fidel Domínguez, por su parte le acusa de haber dirigido «numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses» y de haber participado «en la tortura y palizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una familia de conocidos opositores al régimen de Ortega.
El caso de la familia Alonso es uno de los que más condena nacional e internacional ha recibido. Sucedió el pasado 27 de noviembre de 2019 cuando Domínguez y un contingente de policías antidisturbios entraron por la fuerza a la casa de esos opositores y les obligaron a grabar videos pidiendo perdón a Daniel Ortega en una clara violación a los derechos humanos.
Marvin Aguilar, tejedor de casos políticos
Marvin Aguilar, en cambio es acusado de ocupar además del cargo de Vicepresidente de la Corte Suprema, el de Secretario Político Nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo para la Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, «que asegura que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos clave. Como secretario de Política Nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según los informes, coordina los ataques contra miembros de la oposición prodemocracia», indica el informe.
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