Gobierno reconoce solo 18 casos por conflictos de tierra en comunidades indígenas

Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia pública respecto a los impactos de la colonización de tierras indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua. Durante esta, diversos líderes de organizaciones de la sociedad civil expusieron que a lo largo del año 2020 se documentaron 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestradas y el desplazamiento forzoso de una comunidad indígena.

La violencia contra los pueblos indígenas en Nicaragua ha venido denunciándose desde el año 2015. La abogada María Luisa Acosta destaca que «la situación en toda la Costa es de invadir» y que esta continúa viéndose afectada por «el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la minería y el caso del gran canal interoceánico que atacó al territorio Rama y Kriol».

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Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), destacó que los pueblos indígenas siguen enfrentando la colonización de sus territorios lo que les impide el acceso, uso, goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales.

Juan Carlos Ocampo, miembro de la comunidad miskita de Mulukukú, confirmó que estas invasiones a sus territorios se dan en colaboración de las autoridades comunales y territoriales que les han sido impuestas y alertó que se necesitan cambios profundos en la forma en que se eligen a las autoridades pues no son definidas de forma transparente.

Gobierno contradice señalamientos

Por su parte, Wendy Morales, procuradora general de Nicaragua, desconoció las acusaciones mencionando algunos avances gubernamentales en cuanto al reconocimiento del derecho territorial de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Un elemento que la procuradora calificó como fundamental es el establecimiento de los gobiernos territoriales indígenas en cada uno de los 23 territorios titulados, con quienes dijo «se ha venido organizando y desarrollando acciones para garantizar la gobernabilidad de los mismos».

Sin embargo, Ocampo compartió que a los líderes defensores de derechos humanos se les niega el derecho de ser elegidos como autoridades de sus comunidades «a través de irregularidades dentro de las asambleas». Y destacó que, antes participaba toda la comunidad en las elecciones, pero hoy en día se eligen a personas que son miembros de la junta directiva «y estas personas muchas veces van condicionadas».

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De igual forma, aseguró que recientemente han procesado 18 casos relacionados a conflictos de tierra en comunidades indígenas, de los cuales se acusó a 22 personas y 14 fueron declarados culpables. A lo que Cunningham reaccionó sorprendida pues hasta el momento aseguró que como representantes de las comunidades no han tenido mayor actualización sobre el estado de investigación de lo denunciado durante la audiencia, «todos han quedado en impunidad, han sido rechazados totalmente todos estos casos sobre conflictos de tierras desde 2015» señaló.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, admitió que les preocupa la violencia en el territorio e invitó a ambas partes a conversar sobre las denuncias pues reconoce que existen grandes diferencias entre las cifras manejadas por el gobierno (18 casos) y las documentadas por organismos independientes que incluyen decenas de estas. Remarcó que es recurrente el hecho que el Estado y las organizaciones tengan registros distintos y que lo importante realmente es abordar el hecho que existen esos casos.

Al respecto, la procuradora pidió que les fuesen presentados los reportes de casos «para nosotros documentarlos y poder presentar un informe serio de cada una de las actuaciones de parte del Estado que nos permita a nosotros especificar lo que ustedes han comentado».

Peticiones ante CIDH

Ana Bolaños, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pidió ante la Comisión que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de manera inmediata sobre los hechos presentados, que cesen los ataques y amenazas contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la implementación «de manera urgente e inmediata» de las medidas cautelares que han otorgado.

Solicitó información sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la Costa Caribe, la adopción de las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a su comunidades, además pidió que se incluya un apartado sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el capitulo IV del informe anual de la CIDH de este año en lo relativo a Nicaragua.

De igual forma, agregó que se dirija una comunicacion a las empresas extractivas de explotación y desarrollo «recordándoles sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos frente a dichas actividades»; y que emitan un pronunciamiento en conjunto con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas «considerando el grave contexto expuesto».

#CIDHAudiencias | Organizaciones denuncian ataques armados por colonos en contra de poblaciones mayagna y miskitu en la Costa Caribe de #Nicaragua; y facilidades estatales para proyectos mineros, afectando derechos territoriales y de consulta de los #PueblosIndigenas. 1 pic.twitter.com/u7ULm4Twf5

— CIDH – IACHR (@CIDH) March 18, 2021

Información pendiente

Al finalizar la audiencia, Urrejola insistió en que las partes presenten mayor información respecto a las concesiones mineras que se han otorgado en los territorios y cómo han sido llevados a cabo los procesos de consulta, pues el tema no quedó del todo aclarado y fue denunciado en diferentes ocasiones.

Según la procuradora Morales, «cuando una empresa privada desea invertir pero no cuenta con el consentimiento de la comunidad no se aprueba niguna concesión». El problema es que los organismos no gubernamentales que anteriormente representaban a las comunidades, ahora han sido sustituidos por los gobiernos territoriales que algunos comunitarios señalan de estar en favor de los intereses del gobierno.

Ocampo compartió que en su comunidad hay una situación de invasión de un área de minería «donde incluso se han generado conflictos porque los colonos han puesto sus reglas a los comunitarios que llegan a trabajar y eso es con el aval de autoridades legítimas dentro de esa comunidad, y desde el gobierno se ha querido politizar el asunto diciendo que la resistencia y petición de que se vayan se debe a una influencia del partido indígena».

Esta situación ha generado conflictos internos para los comunitarios, «entre grupos indígenas que son autoridades ilegítimas y la gente de la comunidad que está organizándose contra eso. El conflicto ya no es con el colono sino con el grupo minoritario que atiende al colono y el resto de la comunidad» detalló.