El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este martes una nueva resolución mostrando su preocupación por los continuos reportes de abusos y violación a los derechos humanos que se presentan desde abril de 2018 en Nicaragua.
La aprobación de la resolución contó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra. Bolivia volvió a unirse a la lista de países que brinda su apoyo al gobierno de Nicaragua, junto a países como Rusia, Venezuela y China.
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Señalamientos
A través de la resolución se reconoce la persistente prohibición de las demostraciones públicas, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional para reprimir las protestas sociales, y los actos de violencia de grupos armados. Así como los continuos reportes de las detenciones arbitrarias, el acoso, las torturas y otros tratos crueles o de castigo, y el aumento en los crímenes basados en el género.
El Consejo de DD.HH. de la ONU destacó los actos de intimidación y acoso contra defensores de derechos humanos, mujeres, indígenas, afrodescendientes, activistas ambientales, líderes comunitarios y religiosos, periodistas, estudiantes, víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, y personas que expresan opiniones críticas contra el gobierno de Nicaragua, incluso en el contexto de respuesta a la pandemia del COVID-19. Desde la ONU urgen al gobierno a condenar públicamente cualquier ataque o acto de intimidación y a tomar medidas que garanticen un entorno seguro para que las personas mencionadas realicen su trabajo libremente.
Asimismo, piden al gobierno de Nicaragua que restablezca el registro legal de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que han sido cancelados desde 2018, y devolver los activos incautados, incluidas las propiedades confiscadas.
La resolución también hace un llamado al gobierno a cesar de manera inmediata las detenciones arbitrarias, así como las amenazas y otras formas de intimidación, para reprimir a la disidencia. Liberar a quienes continúan detenidos y garantizar que las condiciones de detención tengan debidamente en cuenta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los prisioneros. De igual forma, que se autoricen las manifestaciones públicas y pacíficas, para derogar o enmendar cualquier legislación que pueda restringir indebidamente los derechos de libertad de expresión y asociación.
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Además urgen a la administración de Daniel Ortega a combatir la impunidad y asegurar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el conetxto de las protestas de 2018, incluyendo la ejecución de investigaciones independientes e imparciales ante los acontecimientos que dejaron más de 300 personas fallecidas y 2 mil heridas. También solicitan a las autoridades tomar medidas efectivas para prevenir y abordar el aumento de la violencia sexual y de género.
El documento pide adoptar un plan de acción con plazos concretos para implementar las recomendaciones hechas por organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales, incluyendo los informes elaborados por la Alta Comisionada, en consulta con la sociedad civil y las víctimas. Y también la cooperación plena del Estado de Nicaragua con las organizaciones internacionales y a comprometerse de manera significativa e inclusiva a llevar a cabo negociaciones con la oposición.
Finalmente, se solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada, mejorar y ampliar el seguimiento, y seguir informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua; seguir de cerca la situación del proceso electoral, y brindar los recursos necesarios para cumplir con su cooperación técnica.
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