El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual (2020) sobre la situación de algunos países en materia de derechos humanos, en el cual incluyó las diversas irregularidades reportadas desde Nicaragua.
A través de este, el Departamento de Estado reconoce que el sistema político del país continúa «altamente centralizado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo», y que en el 2020 se aprobaron leyes «cada vez más represivas» y que se continuaron registrando diversos casos de abusos y violaciones a los derechos de la ciudadanía.
¿Qué pasaría con los presos políticos si gana la oposición?
Entre los principales puntos abordados por el informe se destacan las ejecuciones arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; sobre todo en las regiones centro-norte y la Región Autónoma del Caribe Norte. Se destacan las desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; las torturas y casos de tratos o penas crueles por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; las condiciones carcelarias «duras y potencialmente mortales»; las detenciones arbitrarias.
Alertan sobre una grave falta de independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia. Señalan que aún continúan presos y detenidos políticos. Y casos de represalias por motivos políticos contra personas ubicadas fuera del país.
Asimismo se destaca que hubo «serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; y una injerencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia».
El informe destaca que existe evidencia creíble de que el gobierno monitoreó las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal apropiada y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a Internet o censuró el contenido en línea.
«Hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica y muchos estudiantes, académicos e investigadores informaron haber sido presionados para autocensurarse. El gobierno no coopera con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados».
El gobierno nicaragüense continuó impidiendo que nueve organizaciones recuperaran su personería jurídica y retuvo ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar. Hubo una corrupción generalizada; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; trata de personas; discriminación y violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; amenazas y ataques contra personas de la comunidad LGBT; y trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial; destaca el informe.
Nicaragua Investiga
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