«Hay represión e impunidad»: Amnistía Internacional alerta de la grave situación en Nicaragua

En el más reciente informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos, la organización pone de manifiesto los casos de “represión” e “impunidad” en Nicaragua, y lamenta que esa situación se haya acentuado con la crisis sanitaria.

En ese sentido, AI pone el foco en los continuos ataques de las autoridades comandadas por el presidente Daniel Ortega contra “periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y Organizaciones No Gubernamentales locales”.

Represión contra los opositores

Con todo, también critica la postura del gobierno al prohibir las manifestaciones pacíficas de grupos opositores a Ortega y de otras entidades activistas.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibieron informes de diferentes manifestaciones y actos públicos que habían sido reprimidos o restringidos por el gobierno o grupos progubernamentales”, subrayó.

En los últimos tiempos, organizaciones pro-derechos humanos de dentro y de fuera del país habían alertado de la grave situación a la que tenían que hacer frente muchos grupos que se oponen a las políticas oficialistas de Daniel Ortega y que en muchos casos termina en actos represivos o incluso la encarcelación.

Precisamente Amnistía Internacional señala que a finales de diciembre se tenía constancia de que había “más de cien personas que seguían recluidas” por “ejercer libremente sus derechos”.

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“Hubo noticias de detenciones arbitrarias, incluso durante la pandemia, de activistas políticos. Además, algunos activistas políticos excarcelados denunciaron hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades y grupos progubernamentales”, indicó agregando que “al menos 31 personas excarceladas tras haber estado en prisión por motivos políticos habían sido detenidas de nuevo”.

Ataques a la prensa

El documento alude a un informe publicado por el Observatorio de Agresiones a la Prensa que reveló que entre marzo y mediados de julio se denunciaron 351 ataques “que incluían la criminalización de periodistas, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de profesionales de los medios de comunicación y sus familias”.

Esas agresiones se acrecentaron en el segundo semestre del año, en el punto más álgido de la pandemia, ya que el Observatorio, según recoge el informe de AI, señaló 943 agresiones.

Falta de transparencia en la pandemia

Durante la pandemia muchos grupos también criticaron la pasividad del ejecutivo nicaragüense a la hora de gestionar la crisis del coronavirus en el país y denunciaron que el gobierno no estaba siendo transparente con los datos ofrecidos por los funcionarios de Managua.

Ante esto, AI recalca que “a pesar de las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de Covid-19, las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico”.

Incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su preocupación “por la respuesta del gobierno” frente a la pandemia. Aunque hubo insistentes llamamientos al ejecutivo nicaragüense, el reconocido organismo sanitario tampoco pudo tener acceso a información detallada sobre los casos ni tampoco pudo visitar algunas instalaciones de salud.

Divulgar lo que el gobierno considere como noticias falsas, podría ser objeto de cárcel en Nicaragua. Foto: Houston Castillo, VOA/NI

“La OACNUDH también señaló con preocupación la falta de transparencia en relación con la información oficiales sobre la respuesta a la Covid-19”, dice el informe de AI que se dio a conocer este miércoles.

Preocupación por los activistas arrestados durante la pandemia

El organismo que vela por los derechos humanos en todo el mundo también revela la difícil situación de insalubridad en la que vivían algunos miembros de grupos opositores o activistas contrarios al gobierno que estaban encarcelados.

“Preocupaba especialmente la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras que permanecían detenidas en el precario, masificado e insalubre sistema penitenciario de Nicaragua”, se expone en el informe al tiempo que se denuncia “el escaso suministro de agua potable y la falta de atención médica adecuada”.

Impunidad

Por último, AI se centra en la falta de medidas para proteger a los pueblos indígenas que hay en Nicaragua, especialmente cuando se dieron varios ataques mortales durante el 2020 y los perpetradores pudieron seguir actuando con total impunidad.

“Las ONG y las comunidades locales siguieron denunciando la presencia de colonos no indígenas que se asentaban en sus tierras y llevaban a cabo amenazas y ataques. A pesar del hecho de que algunos de los ataques causaron la muerte de indígenas, el gobierno no adoptó ninguna medida para determinar la responsabilidad por los homicidios o para evitar nuevos ataques”, concluyó.