Presentan Ley Revisión en EE.UU: Nicaragua podría ser expulsada del Cafta

La Ley Revisión exige a la administración de Joe Biden "revisar el estatus" del gobierno de Ortega como miembro del DR-CAFTA.

Este jueves 17 de junio, la congresista estadounidense María Elvira Salazar presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos las leyes Renacer y Revisión, con lo cual se estaría considerando la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU (DR-CAFTA).

La congresista explicó que la Ley Revisión, que recién presentó, le exige a la administración del presidente Joe Biden a «revisar el estatus» del gobierno de Daniel Ortega como miembro del DR-CAFTA «porque las dictaduras que reprimen a sus pueblos y meten presos a los candidatos presidenciales, no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos de comerciar con los Estados Unidos».

«No se puede ser dictador y a la misma vez estar en un Tratado de Libre Comercio con este país» sostuvo la congresista republicana.

En cuanto a la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), Salazar aseguró que «todo indica de que también será aprobada en el Senado norteamericano». Este próximo 22 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU ha programado en su agenda la votación de dicha iniciativa.

«Tengan toda la seguridad de que Ortega y Murillo no se van a quedar impunes» dijo la congresista a través de un video compartido en sus redes oficiales.

El anuncio sobre la presentación de ambas leyes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos ocurre en medio de fuertes tensiones que vive Nicaragua ante las diversas detenciones de líderes de la oposición y empresarios que ha llevado a cabo el gobierno de Ortega durante las últimas semanas.

La comunidad intenacional ha extendido fuertes llamados a Ortega para que libere a los detenidos y garantice la celebración de unos comicios transparentes el próximo 7 de noviembre, y que en caso de no efectuarse, continuarán haciendo uso de diversos mecanismos —como la implementación de sanciones económicas— para presionar a la administración sandinista a cesar la persecusión contra la oposición.

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