La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado 11 de julio medidas cautelares a favor de los periodistas Willih Francisco Narváez González y Alberto José Miranda Herrera, «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
Según el comunicado de prensa de la CIDH, ambos periodistas se encuentran en una situación de riesgo debido a que están recibiendo «amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares dada su labor».
Asedio y amenazas
En el caso de Narváez, la CIDH destaca que ha recibido amenazas en redes sociales desde el año 2018, así como agresiones por parte de policías, actos de hostigamiento por parte de terceros afines al gobierno sandinista, y amenazas de muerte en contra de él y su familia.
Familias narran las precarias situaciones en que se encuentran los presos políticos
«Al respecto de la situación del señor Narváez González, la CIDH lamenta la falta de respuesta por parte del Estado, destacando que, si bien lo anterior no resulta suficiente per se para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, sí impide que se cuente con observaciones del Estado y por ende analizar si los alegatos de los solicitantes resultan ser desvirtuados o no, así como conocer las acciones que, en su caso, se estarían implementando a fin de atender la situación de riesgo alegada» sostiene el organismo internacional.
En cuánto a Miranda, destacan que también ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, fue agredido con una pistola eléctrica presuntamente bajo órdenes de un agente policial en septiembre de 2019, y además este año recibió hostigamiento y agresiones por parte de policías en las fechas 15 de abril y 2 de junio, respectivamente.
El periodista Alberto Miranda habla con los medios de comunicación sobre una agresión sufrida hace unos meses | Foto: NI
«La Comisión recibió información del Estado solamente con relación a la situación de Alberto Miranda, manifestando la existencia de numerosos medios de comunicación en el país que tendrían posturas contrarias a las políticas estatales; y que no existiría censura previa a los medios de comunicación o persecución a personas periodistas. No obstante, se advirtió que, más allá de afirmar su reconocimiento al derecho a la libertad de expresión e indicar que el beneficiario no se encontraría en ninguna situación de riesgo, el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante» detalla la CIDH.
La Comisión ha solicitado al Gobierno de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos, y para que puedan desarrollar sus actividades «como periodistas independientes sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamientos y/u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores». Asimismo, solicitan al gobierno informar sobre las acciones adoptadas «a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición».
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