Familias narran las precarias situaciones en que se encuentran los presos políticos

Los familiares de presos políticos brindaron una conferencia de prensa este miércoles 14 de julio, en donde manifestaron que viven una situación económica “inaguantable”, y además denunciaron que los reos se encuentran en una situación altamente vulnerable en cuanto a su salud, por lo que exigen justicia ante los abusos.

En su pronunciamiento, señalaron que el 78% de los reos son adultos de 25 a 59 años, la mayoría padres y madres de menores de edad, que son el sostén económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica.

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Otra denuncia que dieron a conocer en conjunto fue que a los familiares y presos políticos les hacen firmar documentos en que afirman que han recibido un buen trato, de lo contrario se les niega el derecho a las visitas. “Sabemos que esto no es cierto y es una táctica más de represión, desgaste y chantaje de la dictadura”, denunciaron en el comunicado leído durante la conferencia de prensa.

“Sabemos que algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben atención oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que sus familiares les llevan. A la precariedad de su salud se suma la insalubridad de las celdas”, dice el comunicado.

Piden medicinas para Víctor Hugo Tinoco

Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, denunció que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) le comenzaron a pedir medicinas para el mareo, y hace dos días le indicaron que tenía que entregar una tobillera por un esguince (estiramiento o desgarro de los ligamentos) que presentó su padre.

Tinoco sostiene que su padre ha sido deportista toda su vida y que a sus 69 años caminaba todas las mañanas sin ningún problema. «Nunca en su vida ha tenido un esguince caminando en pasto, en terreno pedregoso, ahora resulta que en la cárcel, en cuatro paredes, él tiene un esguince», denunció.

Sufren represalias

Ruth Martínez Ortiz, hermana de Norlan Cárdenas Ortiz, denunció que a raíz del arresto de su familiar perdió su empleo como enfermera y no le entregaron su liquidación. También manifestó que se le ha negado el derecho a la salud cuando su hermano menor presentó un dolor abdominal y no fueron atendidos en el centro hospitalario.

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De igual forma, declaró que a su hija no la recibieron en el colegio cercano a su hogar, lo que presume que sea una represalia más por disentir con el gobierno sandinista.

Rosa Ruiz, del Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU), reveló por su parte que los abogados defensores de los presos políticos han recibido amenazas de encarcelamiento y suspensión de su licencia. “Unos van a optar por irse del país antes de caer en la cárcel, que es la parte más grave y dolorosa, porque afecta a sus familias psicológicamente y emocionalmente”.