Amnistía busca proteger a funcionarios públicos, paramilitares y policías

La Ley de Amnistía general, propuesta por Daniel Ortega y enviada a la Asamblea Nacional, quiere lavar los crímenes de lesa humanidad cometidos por su administración.

Eso tiene «como objetivo que los crímenes contra la población queden en la impunidad» dijo al diario La Prensa Yonarqui Martínez, abogada y asesora del comité de madres y familiares de presos políticos.

De acuerdo a Martínez, “la percepción es que (con ley del perdón) queden muchos delitos en la impunidad; acordate que hay más 300 asesinatos que no se han investigado, que no se ha hecho justicia, tenemos delitos de lesa humanidad y tenemos delitos de torturas que se le han hecho a nuestros presos políticos, igual las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios implicados. Por ejemplo, el director del Sistema Penitenciario es responsable por la muerte de don Eddy Montes”.

Según Martínez, aunque Ortega «promueva una amnistía en el país, los crímenes de lesa humanidad son perseguibles y que no prescriben».

La jusrista asegura que a Ortega se le puede procesar por delitos de lesa humanidad aunque la ley de amnistía sea aprobada.

A mediados de mayo, Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, también criticó la ley de amnistía.

“El Gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica. Nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado, no es a través de un plumazo, o de un decreto que se puede traer reparación y justicia para las familias” afirmó Chamorro.

“El Gobierno lo ha plateado (una ley de amnistía) en la mesa y en sus medios de comunicación. Nosotros como Alianza Cívica hemos dicho que ese tipo de solución no va a contar con el acompañamiento de la Alianza Cívica” insistió Chamorro.

Desde que comenzó la crisis en Nicaragua varios funcionarios públicos han sido señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.

Sonia Castro, ministra de salud, fue acusada de dar la orden de cerrar los centros hospitalarios cuando los manifestantes heridos requerían atención.

Ramón Avellán, segundo al mando de la policía, ha sido acusado de encabezar operativos que dejaron a varios ciudadanos muertos durante la represión en la ciudad de Masaya.

Por su parte Rosario Murillo, vicepresidenta de Ortega, es señalada de haber dado la orden de iniciar la represión.

“Vamos con todo… no vamos a dejar que nos roben la revolución” habría ordenado Murillo el 19 de abril de 2018 horas antes de que se registraran los primeros asesinatos en el país.

La iniciativa de ley se llama Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018.

Según Denis Moncada, canciller de Ortega, la ley “vendrá a beneficiar a aquellas personas y familias que fueron víctimas del terrorismo golpista y que sufrieron seres queridos y que tuvieron pérdidas materiales y que todavía hoy deben ser atendidas por lesiones psicológicas graves derivadas de las acciones violentas del fallido golpe de Estado”.

Fotografía: Paramilitares circulaban en camionetas de lujo, con armas de guerra y actúan con total impunidad secuestrando gente y atemorizando municipios. El Clarín/NI

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