Por qué el proceso de acusación es clave para los presos políticos

Los procesos contra los opositores nicaragüenses detenidos en los últimos tres meses por el gobierno de Daniel Ortega han entrado a una fase en la que las autoridades judiciales no pueden seguir justificando la ilegalidad con la que vienen actuando hasta el momento.

Yader Morazán, especialista en temas de administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua, enfatiza en que las cosas que han estado haciendo los jueces “ni siquiera gozan de apariencia de legalidad porque no existe ninguna ley que justifique la celebración de audiencias en la clandestinidad y sin ninguna defensa”.

Desapariciones forzadas y responsabilidad de jueces

El experto insiste en que lo que ha habido en todos estos casos son “desapariciones forzadas”, tras la reforma al Código Penal para ampliar las detenciones hasta los 90 días.

Al respecto, indica que aunque los procesados están siendo ocultados por la Policía, “el juez tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de estas personas”, ya que en todo caso “estaría siendo parte del eslabón que cometió el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.

▶ Las casas confiscadas por Daniel Ortega en 1979

Morazán agrega que los jueces que no actúen conforme lo que establecen las leyes, están sujetos incluso a sanciones penales.

“Partamos que son funcionarios. Los jueces y los funcionarios no tienen mayores atribuciones que los que les establece la ley, y también si los funcionarios actúan fuera de la ley podrían incurrir en responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas e incluso responsabilidades penales, como por decir así, cometer delitos de denegación de justicia, retardo malicioso, cometer delito como prevaricato, que este delito quiere decir que el juez actuó en contra de ley expresa o en contra de lo que dice la Constitución Política y eso lo hace responsable penalmente”, explica.

Yader Morazán, exfuncionario judicial | Foto: cortesía

Audiencias deben ser con abogados

Refiere así mismo que las autoridades están obligadas desde un inicio a permitir a los abogados defensores tener acceso a las audiencias y a los expedientes, cosa que no sucedió con los detenidos.

“No existe ley en Nicaragua, por muy nueva y represiva que esta sea, que justifique la forma en como han procedido, sin embargo, incluso la misma reforma (al Código Penal) dice claramente que la audiencia especial de garantía debe celebrarse con presencia de su abogado, y habla que es un deber. Sin embargo, no es lo que han hecho”, explica.

Estos son los departamentos que registran más casos de COVID-19 en Nicaragua

Próximas audiencias y obligación de aceptar a intervención de abogados

La nueva fase del caso requiere de un mayor dinamismo dentro del proceso y de acuerdo a Morazán, es aquí donde los acusadores deberán presentar las pruebas  de los hechos que supuestamente tienen. “Ahorita les van a celebrar audiencia inicial y en esta audiencia es donde ya se ha definido cuáles fueron los hechos por los que los acusaron, donde se establecen cuáles fueron los medios de prueba que los sustentan y donde se delimitan los hechos que van a entrar en debate dentro del juicio. Es decir, se establece fecha para juicio”.

El experto señala que en esta audiencia “tienen que darle intervención a los defensores de confianza y no estos defensores públicos que han estado ejerciendo una simulación de defensa, y que también cometen el delito de patrocinio infiel”.

“Digamos que a partir de estas próximas audiencias vamos a tener conocimiento sobre los hechos, las pruebas, las condiciones humanas en las que se encuentran estos rehenes políticos y demás detalles”, expresa.

Declaración de nulidad

Morazán insiste en que si los tribunales de justicia superiores fueran independientes en Nicaragua, un abogado lograría la nulidad del proceso.

“La nulidad recae en un vicio en la forma de proceder de los jueces, de hecho que la nulidad existe desde que los jueces actúan de forma arbitraria y por consiguiente lo que es nulo no puede producir un efecto de validez en el futuro. Lo que quiere decir que un abogado que haga oportunamente las reclamaciones podría declarar la nulidad, pero esta nulidad es revisada por un tribunal superior, el problema es que en Nicaragua no tenemos tribunales superiores independientes sino que todo lo contrario se coluden para cometer crímenes”, manifiesta.