Human Rights Watch pidió sanciones individuales para funcionarios del gobierno de Daniel ortega en un informe completo sobre la crisis en Nicaragua.
El informe documenta las acciones criminales cometidas por la policía, paramilitares y fuerzas de choque a partir de abril de 2018.
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“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos” afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco.
El informe, titulado “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua” detalla las acciones realizadas por funcionarios orteguistas durante la crisis sociopolítica.
Ortega “no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia” declaró Vivanco.
La situación, según Human Rights Watch, debe ser enfrentada con sanciones a funcionarios claves de la administración Ortega como Ramón Avellán, Jaime Vanegas (inspector general de la Policía), Luis Pérez Olivas (jefe de la cárcel El Chipote), Justo Pastor Urbina jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Aminta Granera y Francisco Díaz. Estos dos últimos han sido jefes de la policía y leales a Ortega.
El informe incluye fotografías, grabaciones de video e informes médicos de las víctimas de la represión.
Human Rights Watch recomienda a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea a imponer prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios sandinistas.
Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, ordenó a bandas armadas partidarias del Gobierno reprimir ferozmente a manifestantes explica Human Rights Watch.
En el caso de Aminta Granera el informe expone que encabezó la fuerza pública hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018.
Human Rights Watch es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos.
Fotografía: Ramón Avellán, segundo jefe de la policía de Nicaragua. Archivo/NI
Nicaragua Investiga
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