Los oficiales de la Policía Nacional que se han negado a reprimir a la población civil que protesta en contra del gobierno de Daniel Ortega, han sufrido represalias que van desde la muerte, como el caso del oficial Faber López, hasta ser detenidos y procesados como el antimotín Julio Cesar Espinoza.
Según el Dr. Julio Montenegro, los oficiales de policía que se niegan a reprimir, han actuado de conformidad con el ordenamiento jurídico, pues “hay una norma que dice que no se puede actuar contrario a la ley”, es decir, negarse a reprimir o a lesionar los principios consagrados por la Constitución Política del país, es un acto legítimo.
La principal norma que ha violado la institución policial es la Constitución Política. Foto: Nicaragua Investiga
Actuar en contra de los principios consagrados por la Constitución, hace que los oficiales de policía deban pensar primero si deben realizar la acción que lesiona esos principios, opina Montenegro y agrega que muchos de los oficiales que desertaron hasta hoy, han puesto su denuncia ante organismos defensores de derechos humanos y se fueron del país para evitar represalias.
Según Montenegro, en mayo de 2018, oficiales de policía llegaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a entregar sus armas de reglamento y uniformes porque “les pedían que fueran a poner control en lo que eran los tranques y algunos lugares donde había algún tipo de manifestación de índole política”, y ellos no estaban de acuerdo.
Policía Nacional viola la Constitución
Para el abogado Julio Montenegro, la principal norma que ha violado la institución policial es la Constitución Política debido a que esta “garantiza el derecho a movilizarme libremente por el país, concentrarme, manifestarme”. Sin embargo, desde septiembre del año pasado, la Policía Nacional a través de una nota de prensa declaró ilegales las manifestaciones en contra del gobierno de Ortega.
Asimismo, las leyes que protegen los derechos ciudadanos, como la libertad de expresión, la liberta de movilización, entre otros, y algunos convenios y tratados internacionales, también estarían siendo violadas por la institución policial.
El caso del antimotín Julio Cesar Espinoza
Julio Cesar Espinoza fue enviado a reprimir y recibió una pedrada en la cabeza durante los primeros días de protestas. Debido al golpe, se fue de subsidio por 3 meses, pero al mes y medio, sus superiores le pidieron que se presentara para continuar reprimiendo pero él se negó aduciendo que estaba bajo tratamiento.
Poco tiempo después decidió ir al complejo policial de Plaza El Sol para desertar y le respondieron que él ya no era parte de la institución policial. 4 días después, su casa fue allanada y él fue encarcelado por 7 meses y acusado de terrorismo.
El allanamiento a su casa, su detención y todas las represalias en su contra, constituyen una violación a su derecho humano de “no acatar una orden o disposición que violentara los principales elementos que tiene que cumplir un oficial de policía. Honor, seguridad y servicio”.
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