Estados Unidos tiene «la jurisdicción y la responsabilidad legal» de los migrantes expulsados a una cárcel salvadoreña, afirmaron las autoridades de El Salvador a un grupo de la ONU, según documentos judiciales.
El 15 de marzo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump expulsó a una cárcel de El Salvador a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a quienes acusa de ser pandilleros. Lo hizo en virtud de una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII.
Abogados y organizaciones de defensa de derechos civiles demandaron a la administración por considerar que las expulsiones masivas son ilegales y violan el derecho al debido proceso.
Hasta ahora Washington ha reiterado públicamente e incluso ante los tribunales que no tiene autoridad sobre los migrantes deportados a El Salvador. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo carecer de «poder» para enviarlos de vuelta.
Abogados de venezolanos expulsados presentaron como prueba ante una corte estadounidense un documento que incluye la respuesta de El Salvador a las preguntas del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
«El Estado salvadoreño declara enfáticamente que sus autoridades no han arrestado, detenido ni trasladado» a los migrantes sino que sus acciones «se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral», se lee en el documento enviado el lunes.
El Salvador «ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y la aplicación de la ley de ese otro Estado», añade.
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«La jurisdicción y la responsabilidad legal respecto de estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes» de modo que El Salvador «no puede ser considerado responsable del incumplimiento del principio de no devolución», insisten los funcionarios.
El acuerdo de Washington con El Salvador ha desatado una ola de protestas después de que el gobierno estadounidense se negara a traer de vuelta a un salvadoreño, Kilmar Abrego García, pese a reconocer que lo expulsaron por error.
Estados Unidos alegó carecer de jurisdicción hasta que finalmente fue devuelto en junio, pero por una orden de arresto como acusado de tráfico de personas, un delito que él niega. Sus abogados aseguran que fue torturado en prisión.
Bukele se ha prestado a encarcelar a migrantes expulsados a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
La Corte Suprema estadounidense instó al gobierno a respetar el debido proceso porque los migrantes tienen el derecho a impugnar las expulsiones.
AFP
