Cuando Nicaragua se convirtió en el octavo país de América Latina en aprobar la pena de cadena perpetua, muchos podrían haber imaginado que se trataba de un Estado con mano dura frente al crimen, sin embargo, la situación dentro del territorio es otra.
Tachan de «cínico» y «vacío» discurso del régimen en relación a las mujeres
Tras la violación y asesinato de dos niñas en Mulukukú en septiembre de 2020, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió la idea de que se requería de una legislación más dura, pero su aprobación se dio con grandes vacíos. La nueva regulación se enfocó en aquellos “delitos de odio”, lo cual pareció una nueva medida para perseguir a opositores políticos en lugar de centrarse en la problemática de la violencia machista. Una vez más, los derechos de las mujeres parecieron volver a segundo plano.
El tema de la falta de acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres es de larga data, iniciando con la acusación pública que Zoilamérica Narváez hizo contra Ortega en 1998 por abuso sexual, la cual por años no tuvo respuesta alguna, y finalmente terminó siendo prescrita.
Zoilamérica Narváez tras presentar su denuncia por abuso sexual contra Daniel Ortega en 1998 | AFP
Desde entonces colectivos de mujeres han alertado sobre un sistema de justicia basado en las influencias, que deja en total desprotección a las mujeres. Como este, existen otros casos polémicos que hoy en día resuenan por la impunidad que reinó ante las influencias políticas, como es el de Dina Carrión.
El caso de Dina Carrión es quizás uno de los más conocidos al respecto. Mientras sus familiares aseguraban que Dina había sido asesinada por su ex esposo Juan Carlos Siles, el Estado de Nicaragua clasificaba su muerte como un suicidio. A pesar de los polémicos vacíos del caso, este fue archivado. Familiares de Dina consideran que el caso no ha encontrado la justicia ya que el presunto femicida es familiar político de una exdirectora de la Policía Nacional y tenía amistades en otros niveles del sistema judicial.
Pero los casos de Narváez y Carrión no han sido los únicos cuya justicia se ha apagado debido al predominio de las influencias políticas dentro del sistema de justicia nicaragüense. Muchos más casos han sido archivados a lo largo de los años bajo este sistema. Y la situación se ha agudizado desde el estallido de la crisis sociopolítica actual.
Masiva liberación de agresores de mujeres
En los últimos años el régimen sandinista inició a liberar a miles de reos comunes de los centros penitenciarios bajo situación de indulto. Poco tiempo después organizaciones feministas iniciaron a emitir alertas sobre un preocupante aumento de denuncias de abusos sexuales que coincidía con dichas liberaciones.
Diversas activistas feministas apuntaron que entre los indultados se encontraban hombres que estaban tras las rejas por agresiones y violaciones sexuales. Para junio de 2020, la Red de Mujeres Contra la Violencia advirtió que al menos 514 privados de libertad que habían sido condenados por abusos a menores, violaciones o femicidios, fueron liberados por el Ministerio de Gobernación. Indultos que han continuado otorgándose de forma regular.
“Esto ha sido un comportamiento desde que llegó el régimen Ortega Murillo al poder, en el que su política de género privó más un enfoque de reconciliación familiar, aun cuando hubiese que sacrificar la vida de las mujeres. Hubo un cambio rotundo en la ruta de acceso a la justicia, en la que prácticamente se desplazó el marco jurídico de los derechos humanos que habíamos logrado por la presión del movimiento feminista” apunta Haydee Castillo, activista y presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
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“Hemos observado un comportamiento en este régimen de cómo ha puesto hasta medallas a abusadores sexuales, y nunca podemos dejar de decir que el actual dictador ha sido acusado por su hijastra de abuso sexual y que hubo una negociación con el caudillo Arnoldo Alemán que aseguró que no fuese llevado a los tribunales” agrega.
Nula justicia para mujeres
“El nivel de autonomía de las instituciones del Estado o el acceso a la justicia para las mujeres es casi nulo en estos momentos, no hay una prioridad para atender los casos de violencia y no hay certeza de que a las mujeres se les haga justicia; son contados con los dedos de la mano los hombres a los que en teoría los han puesto tras las rejas o han aplicado la ley de cadena perpetua” indica Maryce Mejía, quien pertenece a la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Además, destaca que “no hay garantía (de justicia para las mujeres) porque sabemos que (a los agresores) los van a indultar o ya andan libres”.
Para Castillo, “tiene que haber todo un trabajo, un cambio estructural en la cultura, en la sociedad nicaragüense, en el sistema de valores, en los funcionarios de Estado, en la ruta de acceso a la justicia, una conciencia de que nadie debe gozar de privilegios, que todos debemos estar sujetos a la Ley y pagar por los delitos que se cometen”.
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