Aumenta conflictividad en Indio Maíz, Estado guarda silencio

La conflictividad social está en aumento en la Reserva Natural Indio Maíz (sureste), mientras el Estado guarda silencio.

Hasta ahora ni la policía, al servicio de Daniel Ortega, ni el Ejército de Nicaragua se ha referido a los casos de asesinatos sucedidos en la zona en los últimos días.

Nicaragua Investiga se comunicó con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, quien confirmó el asesinato de una familia completa en esa zona del país.

«Lamentablemente toda la familia fue asesinada, fue asesinada el pasado 3 de octubre» comentó Ruiz.

Mapa de la reserva Biológica Indio Maíz. Google Maps/NI

Entre los fallecidos se encuentran Pablo Alonzo Calderón (1 año), Isaías Calderón Pérez (16 años), Yadira Pérez Martínez  (22 años), Lucrecia Pérez Dormu (40 años) y Pablo Calderón Espinoza
(80 años).

Invasiones ilegales y puntos de conflicto

De acuerdo a información anónima, difundida desde el territorio y en poder de Nicaragua Investiga, la «venta ilegal de tierras en la Reserva Biológica de Indio Maíz ha desatado un conflicto sangriento, que ha cobrado la vida de 8 personas desde el 28 de septiembre de 2019, entre ellos mujeres y niños».

«Del 1 al 5 de agosto de 2019, Guardabosques Territoriales Rama y Kriol recorrieron aproximadamente 28 Km. del río Indio, entre Maquengue y la zona de Caño la Guinea, registrando 39 puntos afectados por actividades ilegales» reportó la fuente anónima.

«El 28 de septiembre sucedieron los primeros asesinados, de nombre Calixto García Calderón y Wilber García Calderón involucrados en el tráfico de tierra» refiere por su parte Amaru Ruiz.

«Nosotros ya teníamos confirmación anteriormente de Calixto García Calderón y Wilber García Calderón pero no sabíamos del resto de la familia, pero ya hoy se pudo confirmar» lamentó el experto ambiental.

Silencio oficial y negligencia estatal

Nuestra fuente anónima cuenta que el Ejército de Nicaragua, que no se ha referido al tema, es negligente en el caso de los asesinatos.

«Los asesinatos son consecuencia de la negligencia del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, que contrario a su mandato constitucional, se niegan a investigar y detener a grupos delictivos que están invadiendo la reserva, poniendo en riesgo a los comunitarios que viven en el río Indio».

Para la Fundación del Río el ejército tiene conocimiento de la situación.

«Es de conocimiento del Ejército de Nicaragua lo que sucede en la Reserva Indio Maíz, ellos saben del conflicto» dijo Amaru Ruiz.

¿Quién controla la reserva?

De acuerdo a Ruiz, el conflicto está relacionado a invasión ilegal de tierras y falta de atención del Estado.

«Ese es un territorio de área protegida, todos los procesos de invasión a las áreas protegidas son ilegales y las instituciones del Estado no están atendiendo la situación de invasión de la reserva, son territorios de nadie en términos de seguridad» alegó.

«Han venido permitiendo que gente entre de manera ilegal a la reserva y esto ha ocasionado el aumento del conflicto más la situación sociopolítica del país, de impunidad frente a crímenes que comete el mismo Estado, pues eso le da libertad a estas personas de tomar acciones tan lamentables como esta» sentenció.

No hay presencia estatal

Otra de las particularidades que se vive en la zona es la falta de presencia institucional por parte del Estado.

«Nosotros hemos reportado y evidenciado el aumento de asesinatos vinculados a los procesos de invasión, al tráfico ilegal de tierras, al boom minero que hay en la zona del sureste de Nicaragua y esto ha aumentado la conflictividad social y la desatención del Estado para enfrentar la situación» lamentó Ruiz.

Según el ecologista, hay mucho miedo entre los pobladores del lugar a denunciar este tipo de hechos.

«Hay miedo y zozobra tanto en la población de San Juan de Nicaragua como en El Castillo donde se están presentando estos actos de asesinatos y la gente está temerosa a hablar» declaró.

Para Ruiz solo queda el monitoreo y seguimiento por parte de organismos de derechos humanos sobre lo que sucede en el sureste del país.

«Para nosotros es muy importante el monitoreo y el seguimiento de derechos humanos que se revelen estos casos que están sucediendo en esos territorios porque eso demuestra la falta de atención institucional a la situación ambiental y también a la situación social» finalizó.

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