«Inicia sexta etapa de la represión» asegura informe de Elvira Cuadra

La socióloga e investigadora Elvira Cuadra presentó un nuevo estudio en el que asegura que el gobierno de Daniel Ortega ha iniciado una «sexta etapa de la represión».

El estudio, titulado “Una espiral de muerte en Nicaragua”, indica que la «ejecución selectiva» es la nueva forma que ha escogido el Gobierno para comenzar una nueva etapa de represión contra ciudadanos opositores.

Para Cuadra la «sexta fase de represión inició en julio de 2019 y se mantiene hasta la fecha. Su propósito es impedir las marchas y otras acciones de protesta, así como la participación de la mayoría de los prisioneros políticos que fueron excarcelados en esas acciones»

De acuerdo al reporte, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 (período de estudio), sucedieron 59 asesinatos, aunque la cantidad total de víctimas es 66, ya que hay 7 casos donde se reportan entre dos y cuatro víctimas.

Uno de los fenómenos que indica es que la violencia contra opositores se ha instalado también en el área rural.

«En el 2018, la mitad de los casos se localizan en el sector urbano y la otra mitad en el sector rural; pero en el 2019, 49 casos (89.1 %) ocurrieron en las zonas rurales y 6 casos (10.9 %) en zonas urbanas» indica la investigación.

El norte con mayor incidencia

El estudio muestra que estos resultados son de carácter preliminar «pues la búsqueda y verificación de información así como el registro de los casos que sucedan con posterioridad al período analizado, está todavía en proceso».

No obstante, durante el período analizado se observa una mayor incidencia de asesinatos en la zona norte del país.

«Los departamentos más afectados durante el período octubre-diciembre del 2018, fueron Jinotega, con la mitad de los asesinatos cometidos; seguido de Matagalpa y Managua, con un caso respectivamente».

En 2019 el fenómeno se da con mayor agresividad. Se muestran otros departamentos aunque Jinotega aparece siempre en primer lugar.

«Esas cifras varían durante el período enero-agosto del 2019. Jinotega aparece nuevamente como el departamento con mayor incidencia (Martínez y Cruz, 2019), con 31 casos que representan el 56.4 %; le siguen Matagalpa con 8 casos para el 14.5 %; Nueva Segovia, Chinandega y Río San Juan tienen 3 casos cada uno para un 5.5 %, respectivamente. Managua representa el 3.6 % de los casos» se lee en el informe.

La violencia parece haberse ensañado con Jinotega donde hay la mayor cantidad de víctimas mortales.

la violencia está centrada en ese departamento, especialmente en los municipios de Wiwilí (11), El Cuá (13 muertes), y San José de Bocay (5).

Grupos de civiles armados siguen en la escena

El Estudio también toma en cuenta la permanencia de grupos paramilitares en las zonas rurales del país.

“En las zonas rurales se ha efectuado la reorganización de grupos paramilitares con participación mayoritaria de militares y policías en retiro, así como simpatizantes del Gobierno fanatizados, seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad y disposición para participar en la represión”

«De los asesinatos cometidos en el 2019, en 44 casos (80 %) se emplearon armas de fuego y en 14 de ellos, se identificó el uso de armas de guerra» indica Cuadra.

Una de las características de estos asesinatos es el nivel de violencia empleada durante la ejecución.

Según el estudio «en más del 70 % de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo y en el 15 % recibieron más de una herida. De los 4 casos ocurridos en el 2018, en dos de ellos las víctimas recibieron múltiples disparos; en uno recibió múltiples heridas y en el otro murió a causa de golpes. En el 2019, en 4 casos las víctimas recibieron un disparo; en 40 casos recibieron múltiples disparos; en un caso la víctima recibió una herida y en 8 casos se realizaron múltiples heridas».

Impunidad

El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que la impunidad y falta de investigación siguen siendo las características principales ante los crímenes cometidos.

«Los asesinatos de campesinos, en 2018 y 2019, continúan sin investigarse, mientras que la sociedad civil denuncia varios de ellos como resultado de la acción del Estado» dice el reporte de la CIDH correspondiente a septiembre de este año.

«Siguen sin reportarse investigaciones imparciales y oportunas sobre las circunstancias del fallecimiento de las víctimas de la represión estatal en el contexto de la crisis» sentencia el boletín de la comisión.

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