Gremio periodístico nicaragüense pide a la ONU que aborde crisis de libertad de expresión de Nicaragua

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), junto a la Red de Defensa Jurídica; enviaron una carta a las delegaciones de los Estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se aborde en la Asamblea General de dicha organización, la crisis de libertad de expresión que vive Nicaragua desde la segunda llegada de Daniel Ortega al poder.

«Solicitamos a las honorables señoras y señores delegados del 77° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que expresen su rechazo a la política de estado que agrede y destruye la libertad de expresión a la que tiene derecho la gente de Nicaragua», cita la carta firmada por las organizaciones.

Para PCIN, la crisis de libertad de expresión no empezó en el año 2018 con el estallido social y político que dejó a más de 350 personas asesinadas por órdenes de Daniel Ortega, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino desde el retorno del sandinismo al poder en el año 2007.

«Desde el retorno al gobierno de Daniel Ortega, en enero de 2007, la libertad de expresión ha sufrido retrocesos que casi han acabado con ella en estos 15 años, afectando profundamente la capacidad de periodistas y de medios de comunicación para ofrecer informaciones independientes, y el derecho de la gente a saber de lo que realmente pasa en el país», enfatiza el gremio de periodistas.

Del mismo modo, la carta denuncia la captura de 11 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

«De las 205 personas presas políticas, al menos 11 son periodistas y/o trabajadoras de medios de comunicación, quienes fueron condenados arbitrariamente a entre 8 y 13 años de cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa», cita.

Exilio forzado de periodistas

PCIN reveló que, desde el 2018 se han exiliado alrededor de 170 periodistas, quienes se encuentran en diferentes partes del mundo, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.

«El estado nacional y sus agentes han pasado de impedir el acceso a la información, a acosar periodistas durante sus coberturas, a golpearlos y destruirles sus equipos, a destruir medios de comunicación, a expulsar 170+ periodistas hacia el exilio o encarcelarles, a eliminar físicamente periodistas o a negarles acceso a servicios de salud pública, a allanarles sus viviendas en cualquier momento, a cerrar medios de comunicación y a confiscarles sus equipos y sus instalaciones», relata.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), ordenó el cierre de 23 medios de comunicación, diez de ellos pertenecientes a la Iglesia Católica situadas en el departamento de Matagalpa.

A la lista de cierre se suman 12 medios de comunicación locales, otros 16 espacios de opinión política o espacios informativos fueron cerrados por el régimen.