Daniel Ortega y Rosario Murillo deberán enfrentar un proceso judicial ante la justicia Argentina, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra el ciudadano Danny Ramírez-Ayerdiz, a quien la dictadura le arrebató la nacionalidad junto a otros 93 nicaragüenses.
La demanda fue interpuesta el sábado 4 de marzo ante el Juzgado Criminal y Correccional número 4 de Argentina, a cargo del juez Ariel Lijo, quien actualmente instruye causa contra altos funcionarios del Estado nicaragüense, en una demanda que también interpuso el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH).
“Nuestro secretario ejecutivo denunció que el acto unilateral y alejado del Derecho Internacional de arrebatamiento de su nacionalidad nicaragüense y demás penas accesorias que el Estado de Nicaragua arbitrariamente le ha impuesto, es un crimen de lesa humanidad”, detalla el comunicado de CALIDH.
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En esta denuncia señalan directamente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de “perpetradores principales” de violaciones a derechos humanos fundamentales recogidos por el Derecho Internacional, pero además se solicita investigar a funcionarios y civiles que tengan que ver con dichas violaciones.
“Como pusimos en la parte de imputados al señor Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua y a la señora Rosario María Murillo Zambrana, en su carácter de vicepresidenta de la República, ellos como principales perpetradores y también señalamos en la denuncia, que se indagara a todos aquellos funcionarios y civiles que tengan que ver en esta perpetración de delitos de lesa humanidad”, expresó Danny Ramirez-Ayerdiz, secretario ejecutivo de CALIDH y víctima denunciante ante la justicia Argentina.
En una conferencia de prensa, Danny Ramírez-Ayerdiz explicó que han solicitado al juez argentino Ariel Lijo que gire oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina para que se comunique con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, con la finalidad de que se envíe la documentación judicial donde se le imputa por los supuesto delitos de “traición a la patria”, pues asegura que no ha recibido notificación alguna.
“Lo lógico en el marco de una persona que está siendo supuestamente acusada, aunque sea arbitrariamente yo debí recibir una notificación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicó el querellante.
Con esta nueva demanda, CALIDH pretende “enviar un mensaje de esperanza a las víctimas, sus familiares y familiares de víctimas fatales de que hay esperanza al acogerse a los mecanismos penales”, esto en correspondencia a lo recomendado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes recientemente presentaron un informe en el que señalan los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua.
Nicaragua Investiga
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