El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, este lunes canceló las personerías jurídicas del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las cámaras afiliadas.
Mediante un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el régimen cancela la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) porque supuestamente «no completó el proceso de convalidación de registro», además de presentar «variaciones en cuentas sin justificar», «diferencias de saldos sin soportes», no reportar detalles de «ingresos y gastos» y por tanto «origen y ejecución de fondos».
En un segundo acuerdo ministerial canceló 18 cámaras, incluyendo el Cosep, acusándolas de incumplir con la ley al no completar «el proceso de convalidación de registro».
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Entre las organizaciones ilegalizadas están:
- Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR)
- Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN)
- Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
- Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
- Cámara de Energía de Nicaragua (CEN)
- Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
- Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC)
- Asociación de exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN)
- Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (INIFODA)
- Cámara de Microfinanzas (ASOMIF)
- Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (INDIPROFA)
- Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR)
- Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (CAPROPALMA)
- Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec)
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Liquidada alianza
El Consejo Superior de la Empresa Privada y el régimen Sandinista mantuvieron buenas relaciones desde el año 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder, y luego establecieron una alianza que benefició a ambos conocida como modelo de “Diálogo y consenso”.
Pero este pacto se rompió en el año 2018, a raíz de la crisis social y política.
El 21 de octubre de 2021, la dictadura de Ortega encarceló al entonces presidente del COSEP, Michael Healy y al vicepresidente Álvaro Vargas. En junio de ese mismo año había apresado a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP.
Estos tres representantes de la empresa privada en Nicaragua, enfrentaron procesos judiciales arbitrarios y fue hasta el 9 de febrero de este 2023 que la dictadura los liberó y los desterró hacia Estados Unidos junto a más de 200 presos políticos.
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