Este viernes la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos. Analistas consultados consideran que esto es de mucha importancia porque envía un mensaje a criminales de lesa humanidad, como el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, en relación a que no van a quedar impunes.
“En este caso, al líder de la Federación Rusa se le señala de ser responsable de crímenes de guerra, que también son delitos de lesa humanidad. De tal manera que las cabezas de cualquier otro gobierno autocrático quedan expensas a que, si se da una acusación ante la CPI, se les podría circular internacionalmente”, apunta un analista nicaragüense que por su seguridad prefiere omitir su nombre.
Añade que en el caso de Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la ONU han confirmado la existencia de estos delitos, los perpetradores podrían ser acusados bajo el principio de justicia universal.
El pasado 02 de marzo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó ante la ONU un informe sobre las violaciones a derechos fundamentales, señalando que “cualquier país” puede investigar estos actos, que catalogaron como “crímenes de lesa humanidad”.
¿Será juzgado Daniel Ortega?
Sobre si alcanzaría el brazo de la justicia a alguien como Daniel Ortega, el analista anónimo dice que está por verse.
“Aún no hay acusación. Y si se diera, habría que sopesar aspectos como la universalidad de los derechos humanos. El estado de Nicaragua es signatario de una serie de convenciones sobre los derechos humanos y su constitución política los consigna”, agrega.
Así mismo, manifiesta que lo que sí se puede adelantar es que el cerco alrededor del régimen de Daniel Ortega continúa cerrándose.
“Es posible que dentro de poco tengamos noticias nada agradables para el régimen, de los desembolsos pendientes de préstamos provenientes del BCIE y del BID. Maniobras como estas continuarán para que Ortega se sienta tentado a dialogar o a restaurar las libertades y garantías individuales, colectivas e institucionales”, agrega el analista nicaragüense.
Menciona que si la salida de Ortega del poder no es del tipo “aterrizaje suave”, “será altamente probable que se le persiga con una acusación internacional por violación crasa de los derechos humanos”.
Camino allanado
Por su parte, Napoleón Campos, especialista salvadoreño en Relaciones Internacionales, integración regional y migraciones, manifestó que este 17 de marzo del 2023 va a pasar a la historia porque la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, «nos dice a las ciudadanías democráticas del mundo que creamos en esos jueces, que le demos el valor de la duda a sus fiscales especiales para poder encausar ahí a los tiranos corruptos, a los dictadores que tienen manchadas sus manos de sangre, que han cometido crímenes contra la humanidad, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra”.
Para el analista internacional la medida tomada este viernes abre la esperanza a los pueblos del mundo, «de que podamos encontrar ante esta Corte Penal Internacional la justicia que no encontramos dentro de nuestras fronteras”.
También dice que el principio de inmunidad queda subordinado a estos crímenes, «que una orden de captura de esta naturaleza contra un gobernante de turno, es de máxima jerarquía jurídica y nos dice la corte que los instrumentos del derecho internacional comenzando por Ucrania pueden ser aplicados para el resto del mundo…», afirma el experto salvadoreño.
Campos expuso que todo parece indicar que podemos estar muy cerca de que también la corte de La Haya reciba una demanda en ese sentido contra Daniel Ortega. El mensaje no puede ser más claro «para el resto de prospectos, de tiranos, en la región, en el mundo… es un mensaje de recuperación, de restauración democrática para Centroamérica, así que si Daniel Ortega tiene que tener ese mismo procesamiento y encausamiento como hoy ya quedó claramente allanado, el pavimento, la ruta contra Putín, no dudo que va a ser en beneficio de nuestros pueblos… «.
Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma
La CPI es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Dicho Estatuto ha sido ratificado por 111 países desde que fue aprobado. Nicaragua y Cuba son los únicos países de América Latina que aún no lo han hecho.
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