Abogados nicaragüenses sienten temor de ser detenidos

Un cisma se cierne sobre el gremio de abogados en Nicaragua, como consecuencia de la crisis socio-política que atraviesa este país centroamericano, luego de la detención de un abogado bajo la modalidad de delitos comunes, para evitar que sea considerado como un preso político.

Así lo han denunciado abogados nicaragüenses ante el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (CALIDH), externando el miedo de ser detenidos en cualquier momento por el ejercicio de su profesión. Afirman que incluso algunos de ellos han sido denunciados por abogados sandinistas ante las instancias internas del Poder Judicial.

“Hay abogados que producto de su participación en las marchas antigubernamentales de 2018, se les están inventado causas, y estas no son sobre la base de delitos políticos como traición a la patria, sino delitos comunes. Imagino que es para que las organizaciones que sistematizan la situación de los presos políticos no puedan incluirlos en las listas, sino que pasen como delitos comunes”, explicó el abogado Danny Ramírez Ayerdiz, secretario ejecutivo de CALIDH.

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Los denunciantes afirman que ya hay causas armadas y con errores procesales, por lo que pidieron a CALIDH que los represente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de que sean apresados por la dictadura Ortega-Murillo.

“Nosotros consideramos dos cosas: uno, que, con arreglo en el derecho internacional, no puede existir el miedo del ejercicio del derecho porque los abogados y abogadas son las que garantizan el ejercicio de defensa de las personas que están imputadas, estén o no detenidas por motivos políticos”, continuó Ramírez.

En segundo lugar, considera que existe un nuevo patrón de represión de la dictadura nicaragüense que esta vez se va a dirigir contra los diferentes gremios profesionales y que están empezando por los abogados, con la finalidad de asegurar “lealtad” al régimen sandinista.

El jurista considera que «en el fondo será una fidelidad obligada, porque si los abogados están desde ahora encendiendo la alarma de que sienten miedo de ser detenidos y el régimen busca un silenciamiento de los gremios, esto está yendo mal porque todo es una ilusión de fidelidad”.

Dejó en claro que así, la institucionalidad en Nicaragua se sigue erosionando porque el poder Ejecutivo se está yendo más profundo en el control de funciones porque ahora quiere normar todos los ámbitos de la vida de los sectores de la sociedad nicaragüense mediante el terror.

Dicho esto, CALIDH ha encendido las alarmas y han hecho del conocimiento público toda esta situación, puesto que consideran que en Nicaragua lo último que quedaba de resquicio para poder por lo menos, hacer ver lo que estaba mal, eran los abogados de defensores en materia penal.

“Así que yo creo que debe de haber un seguimiento por parte de la sociedad civil, medios de comunicación y la comunidad internacional, sobre esta nueva forma de represión que está dirigida contra los abogados que ejercen en materia penal en Nicaragua”, exhortó.