En la presentación sobre la situación de “desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios”, de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el observador de la Santa Sede, Juan Antonio Cruz Serrano, externó su preocupación por la situación de monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años prisión por el régimen de Daniel Ortega.
“La Santa Sede desea manifestar su preocupación por la situación de su excelencia monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022 y negarse a embarcar en el avión el pasado nueve de febrero, fue condenado al día siguiente, 10 de febrero, a 26 años de cárcel”, expuso Cruz Serrano.
El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos también expuso la situación de la suspensión de relaciones diplomáticas con Nicaragua, luego que el régimen de Ortega se los comunicara “por escrito” y pidiera el “inmediato cierre de las respectivas sedes diplomáticas, habiéndose ya efectuado la clausura de la Nunciatura Apostólica en Managua”.
“La Santa Sede lamenta esta decisión y aboga por el establecimiento de un entendimiento recíproco basado en el diálogo constructivo y respetuoso”, indicó.
Régimen continúa en desacato
En cuanto al tema de la situación en Nicaragua, llevado a la OEA por el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, se solicitó “invocar el recurso del artículo número 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Se indicó que la dictadura ha desacatado las 10 resoluciones emitidas en favor 88 personas privadas de libertad y que obligaban la adopción de “medidas urgentes” para “preservar la libertad, la salud y la integridad física” de dichas personas.
El artículo 65 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos detalla que “la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
El testimonio de Tamara Dávila
Otro de los momentos medulares ante el Consejo Permanente de la OEA, fue la intervención a la excarcelada política Tamara Dávila, quien relató la pesadilla que ha vivido ella y su familia, así como demás presos políticos, tras la violación a sus derechos y el encarcelamiento ilegal al que fueron sometidos.
“Durante más de 80 días no supe nada de ella (hija) ni del resto de mi familia, ellas tampoco supieron nada de mí”, expuso Dávila, al relatar los momentos de su aprehensión, a la que catalogó como “la peor tortura” sufrida. La voz de la excarcelada política se quebrantó cuando expresó que por más de 14 meses no pudo ver a su hija “ni siquiera en fotos”, hasta que se vio obligada a realizar una huelga de hambre en julio de 2022.
Tras la excarcelación y expulsión de Nicaragua, Tamara Dávila denunció que el régimen de Ortega continúa en desacato a las medidas establecidas por la Corte IDH y recalcó que “despatriación, destierro y exilio, no es libertad”. Igualmente denunció que sus familias en Nicaragua siguen siendo “rehenes” y que “el terror continúa”.
“Actúen por una transición democrática en mi país, por la vida, la paz y la justicia, por el fin de los crímenes y la impunidad. Señoras y señores embajadores, Nicaragua sigue necesitando de sus voces y de sus acciones de cada uno de los países para lograrlo, por favor siganlo haciendo”, pidió Dávila al plenario de la OEA.
Abogan por retorno a la democracia
Los representantes de Antigua y Barbuda, Costa Rica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, respaldaron al pueblo nicaragüense y abogaron por el retorno a la democracia en Nicaragua.
“El gobierno de Nicaragua parece haber adoptado una postura de desdén permanente ante las instituciones de derechos humanos del hemisferio incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos… El régimen de Ortega se ha vuelto cada vez más autoritario, intolerante y brutal, especialmente en la detención de sus opositores políticos, periodistas y miembros de la Iglesia católica”, expuso Ronald Michael Sanders, representante permanente Antigua y Barbuda ante la OEA.
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