El 28 de febrero de 2017 el gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos OEA, firmaron un memorándum de entendimiento en el que el organismo se comprometió a cooperar en las áreas político-electoral e institucional por los próximos tres años.
Como parte de esos acuerdos el Consejo Supremo Electoral acordó garantizar a la OEA todas las facilidades para trabajar durante el acompañamiento, incluyendo facilitar información de los entes electorales.
El acuerdo de entendimiento indica que «la OEA brindará apoyo logístico para depurar el padrón electoral y respaldará en otras áreas de índole electoral», por lo cual se anunció un proceso de reformas electorales que nunca alcanzó a iniciar.
Este 28 de febrero de 2020 ese acuerdo llega a su fin al cumplirse los tres años de vigencia establecidos originalmente y aún no hay avances en torno a ellos.
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El Grupo Promotor de Reformas Electorales así como varios partidos y movimientos políticos se pronunciaron hoy sobre el tema y urgieron al Gobierno de Nicaragua y a la OEA «proceder a su prolongación, ampliando las áreas específicas de cooperación conforme las demandas de la realidad nacional». Además piden que se acuerden «las acciones necesarias para su pronta implementación».
El comunicado indica que las reformas electorales que se necesitan impulsar en el actual contexto requieren acompañamiento de organismos internacionales como la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas y Centro Carter, así como organismos nacionales como Ética y Transparencia por su «incuestionable credibilidad y transparencia».
La carta es firmada por la Alianza Cívica, Ciudadanos por la Libertad, Partido Resistencia Nicaragüense, Grupo Promotor de las Reformas Electorales, el PLC, YATAMA, COSEP y la UNAB.
El vencimiento del acuerdo podría facilitar a Ortega impulsar reformas electorales de manera unilateral. El pasado 9 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras anunció que posiblemente a mediados de este año se discutirá este tema en el plenario del poder legislativo.
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En tanto el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que ese proceso no incluirá a organizaciones de sociedad civil ni a ningún movimiento no representado en la Asamblea Nacional y que solo se discutirá con partidos políticos, siendo la mayoría de los avalados por el CSE calificados como colaboracionistas del actual gobierno.
Las reformas electorales son el tema prioritario de la Alianza Cívica en este momento, ya que lo consideran indispensable para «conseguir la liberación de presos políticos y recuperar las libertades públicas en el país»
Foto principal: Presidencia/ Febrero de 2017
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