Mario Arana: «En abril podría abrirse una nueva etapa de negociación»

El miembro de la Alianza Cívica Mario Arana dijo esta tarde a medios de comunicación que se prevé que entre los meses de abril y mayo se de un nuevo proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega de cara a la búsqueda de una solución a la crisis política.

«Se escucha que en abril podría abrirse una nueva etapa de negociación», mencionó Arana y en caso de que se dé este esfuerzo, el presidente de Amcham espera que «se de con voluntad. Que realmente se tomen decisiones de consenso».

Por su parte, el político opositor José Pallais ya habría confirmado a Nicaragua Investiga sobre una posible negociación, sobre todo después del 20 de marzo, fecha en que será electo el nuevo secretario general de la OEA, pues una de las personas que aspira al cargo se ha declarado como simpatizante de la revolución sandinista.

Las tres personas que aspiran a este cargo son Luis Almagro, quien busca la reelección, el peruano Hugo de Zela y la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, quien según Pallais estaría siendo impulsada por el mismo Ortega y un grupo de países del caribe. Espinosa se ha declarado públicamente como simpatizante de la revolución sandinista y ha dicho de Rosario Murillo que es un «ejemplo» para las mujeres en Latinoamérica.

Ortega “lógicamente aspira a que Luis Almagro pierda la Secretaria General y poner a alguien como la ecuatoriana que desde luego le daría otro enfoque a la OEA (…) un enfoque más de aproximación hacia las dictaduras” de Venezuela y Nicaragua, explica Pallais.

La OEA con Luis Almagro en la secretaria general ha condenado la represión estatal que ha ejecutado Ortega en contra de manifestantes opositores y ha facilitado constantes reuniones para hablar sobre la crisis nicaragüense en el organismo regional, por lo cual, con Espinosa en la secretaria general, Ortega podría tener ventaja en la eventual negociación, pues la OEA es uno de los actores que sería convocado como testigo o garante al igual que en los dos procesos anteriores.

Mientras tanto, Arana resalta que los meses de abril y mayo serían «meses claves» para entender al voluntad que tiene Ortega para facilitar una salida negociada a la crisis política. «Ojalá no dejemos ir esta oportunidad a como hemos dejado ir otras», agregó el miembro de la Alianza Cívica.

El empresario también comentó que los acuerdos a los que se lleguen en esa eventual negociación «no pueden ser cosméticos» y tampoco puede ser impuestos de manera unilateral a como ha hecho Ortega con sus políticas desde que estalló la crisis en 2018.

Por otro lado, Arana quien recientemente estuvo en reuniones con una delegación de eurodiputados en El Salvador junto a otros miembros de la oposición, dijo que «los países, los organismos internacionales, la Unión Europea y demás desconfían mucho de la intención de la administración (Ortega – Murillo) y ya se están preparando para un escenario en donde nos burlamos de los compromisos».

Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica – Foto: Nicaragua Investiga

En caso de que Ortega llame a un nuevo proceso de negociación, Pallais opina que se debería de «valorar en su momento, ver qué es lo que se plantea y tomar la decisión»de asistir o no a dicho proceso.

La incógnita que surge es quién será el que negociará por parte de la oposición, pues la Alianza Cívica es la que tiene el reconocimiento a nivel internacional para negociar una salida a la crisis, sin embargo, la recién nacida Coalición Nacional es la organización que aglutina a la mayor parte de opositores, incluidos partidos políticos.

Sea quien sea el actor que asista a la negociación por parte de la oposición, para el Dr. Carlos Tünnerman, no se puede ir a un nuevo proceso sin que antes Ortega cumpla con los acuerdos firmados en marzo del 2019, «porque para qué ir a negociar con un gobierno que no cumple», dijo Tünnerman esta semana durante el lanzamiento de la Coalición Nacional.

De igual manera opina Pallais, quien considera que la oposición antes de sentarse en la mesa a negociar con Ortega, debe exigir que se cumplan los acuerdos que el mismo mandatario se comprometió a cumplir y que establecen el respeto a las libertades públicas, el derecho a la movilización, el respeto a la libre expresión, la libertad total de los presos políticos, entre otros aspectos.