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Se vence el plazo del Memorándum de Entendimiento entre OEA y Ortega

OEA y Luis Almagro, de la OEA. Archivo

Este 28 de febrero se vence el plazo que establece el Memorandum de Entendimiento que firmó el gobierno de Daniel Ortega con la Organización de Estados Americanos en 2017, para realizar reformas electorales que «fortalezcan» el sistema electoral del país.

Hasta la fecha no ha habido una sola reunión entre una delegación del gobierno y la OEA en donde se discuta sobre este tema, pues Ortega se niega a conceder reformas electorales y sus diputados han expresado que solamente negociarían estas reformas con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional.

«El memorandum prácticamente nació y murió sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia», indica a NICARAGUA INVESTIGA el exdiplomático Edgard Parrales, y presume que el gobierno de Ortega no buscaría una renovación de este memorandum para ampliar el plazo, porque la OEA demandaría que la oposición sea parte de la discusión para consensuar las reformas electorales, tal y como ya lo ha expresado el organismo en ocasiones anteriores.

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Un grupo de organizaciones opositoras, incluida la Alianza Cívica, los partidos Ciudadanos por la Libertad y Partido Liberal Constitucionalista, así como la Unidad Nacional Azul y Blanco, hicieron público un documento a inicios de febrero en donde solicitaban a la OEA que prolongara el plazo de este acuerdo además de que ampliara «las áreas específicas de cooperación conforme a las demandas de la realidad nacional”.

El memorandúm de entendimiento firmado por Ortega establece que el Consejo Supremo Electoral garantizaría a la OEA todas las facilidades para trabajar durante el acompañamiento, incluyendo facilitar información de los entes electorales.

El acuerdo de entendimiento indica que “la OEA brindará apoyo logístico para depurar el padrón electoral y respaldará en otras áreas de índole electoral”, por lo cual se anunció un proceso de reformas electorales pero que jamás se dio.

El también ex diplomático Mauricio Díaz coincide con la visión de Parrales, pues de igual manera prevé que Ortega trata de evitar una prolongación del memorandum e incluso agrega que el mandatario buscaría «sustituir a la OEA por el Sistema de Integración Centro Americana que está en manos de Vinicio Cerezo, un aliado de Ortega».

El dilema de Ortega

A criterio de Parrales, Ortega se encuentra en un dilema en este momento, pues le conviene que hayan reformas al sistema electoral para que las elecciones del 2021 tengan un nivel mínimo de credibilidad ante la comunidad internacional, pero en dichas reformas no quiere tomar en cuenta las demandas de la oposición.

Sin embargo, Parrales menciona que Ortega «se va a ver obligado» por la presión internacional que ejercen Estados Unidos, y la Unión Europea a negociar las reformas electorales con la oposición.

Tanto Parrales como Díaz prevén que Ortega está expectante a la elección del Secretario General de la OEA que se llevará a cabo el próximo 20 de marzo y que estaría esperando que resultara electa la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien estaría siendo impulsada por el mismo Ortega y un grupo de países del caribe.

Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la OEA – Foto: Nicaragua Investiga

«Ese es otro de los factores que está en juego (…) ellos están apostando a que llegue la candidata del eje Alba, que sería una pésima noticia» considera Díaz, pero a pesar de esto, Parrales no considera que Espinosa pueda entorpecer los esfuerzos de la OEA para buscar una salida negociada a la crisis política en Nicaragua, porque el Consejo Permanente no se lo permitiría aunque ella pretenda hacerlo.

Para Díaz, Ortega «carece de seriedad» pues no pretende buscar una salida negociada a la crisis política que se profundiza cada día más y repercute negativamente en la economía nacional.

Por otro lado, Parrales también menciona que el recrudecimiento de la represión estatal en contra de ciudadanos opositores y periodistas únicamente hace que EEUU y la Unión Europea «terminen de concertarse» para aplicar sanciones conjuntas a funcionarios de la administración de Ortega y empresas de la familia presidencial.

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