Los congresistas republicanos Chris Smith y María Elvira Salazar propusieron ante el congreso de los Estado Unidos la iniciativa de Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, para aplicar nuevas sanciones severas al régimen sandinista en Nicaragua.
Esta propuesta de ley surge luego de una audiencia que dirigieron los congresistas Smith y Salazar en marzo del año pasado, en donde se examinaron las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura sandinista.
La nueva iniciativa tiene como objetivo abordar la represión continua contra la Iglesia católica y la libertad religiosa en Nicaragua.
La legislación propuesta tiene las siguientes disposiciones:
- Imposición de fuertes sanciones económicas contra el régimen de Ortega-Murillo en respuesta a la represión contra la Iglesia católica y prisioneros políticos.
- Mejora de las sanciones a sectores económicos generadores de ingresos para la familia Ortega.
- Revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR).
- Prohibición de nuevas inversiones de los Estados Unidos en Nicaragua.
- Exigencia a la Administración Biden de implementar una estrategia diplomática coordinada para restringir inversiones y préstamos que beneficien al Gobierno de Nicaragua.
- Renovación y fortalecimiento de leyes existentes, como la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER) de 2021.
Se había pedido presión
Días atrás, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) exhortó al Congreso de Estados Unidos aprobar la ley bipartidista para sancionar a los funcionarios del régimen de Nicaragua.
La iniciativa se trataba de la «Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2023», que establece sanciones selectivas para responsabilizar al régimen autoritario de Daniel Ortega por crímenes contra la Iglesia católica, el clero y el pueblo de Nicaragua.
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El congresistas Smith es presidente del Subcomité Global de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Él ha liderado cuatro audiencias del Congreso sobre las violaciones en Nicaragua, incluido el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez desde julio de 2021.
La congresistas Salazar es presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental y ha denunciado de manera firme las graves violaciones de derechos humanos que comete la dictadura Ortega-Murillo.
Nueva iniciativa en medio de cacería
Esta nueva iniciativa de ley se da en medio de un contexto hostil que viven los religiosos nicaragüenses. En las últimas semanas, la dictadura inició una feroz cacería. Al menos trece sacerdotes han sido arrestados desde el 20 de diciembre en Nicaragua.
Entre los detenidos figuran los monseñores Silvio Fonseca, vicario de familia de la Arquidiócesis de Managua; Miguel Mántica, de la iglesia San Francisco, también de la capital; y Marcos Díaz, de la Diócesis de León.
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También fueron arrestados los sacerdotes Gerardo Rodríguez, Mykel Monterrey y Raúl Zamora, que prestan servicios religiosos en iglesias de Managua, dijeron medios de prensa nicaragüenses editados en Costa Rica.
Estas detenciones se suman a las del obispo Isidoro Mora y de dos seminaristas el 20 de diciembre, a las que siguieron en la última semana las del vicario general de Managua Carlos Avilés y los sacerdotes Héctor Treminio, Fernando Calero y Pablo Villafranca.
