El dictador Daniel Ortega ordenó dejar sin efecto el nombramiento del diplomático nicaragüense Francisco Campbell Hooker, quien fungía como embajador de Nicaragua en Estados Unidos.
Ortega retiró de su cargo a uno de los dos principales representantes de la dinastía Campbell por motivo de “jubilación”, desde el pasado 2 de febrero, según el Acuerdo Presidencial número 21-2024, publicado este miércoles 7 de enero de 2024, en La Gaceta-Diario Oficial.
Campbell Hooker ostentó el cargo por casi 14 años, desde su nombramiento en mayo de 2010.
De momento, el cargo de embajador de Nicaragua en Estados Unidos quedó vacante, pues el régimen aún no nombra a un nuevo embajador, y dejó la sede diplomática a cargo del expresentador de «La liga del saber», Harold Delgado, quien fue nombrado, en el mismo Acuerdo Presidencial, como ministro consejero con funciones consulares.
Además de este nuevo cargo, Delgado ostenta el de embajador de Nicaragua en República Dominicana desde su nombramiento en junio de 2023, luego de haber estado por casi un mes como ministro consejero en funciones consulares.
Dinastía leal al régimen
Los Campbell, originarios de Bluefields, Costa Caribe Sur de Nicaragua, son una de las familias más representativas del nepotismo y lealtad a la dictadura dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, manejando embajadas e instituciones públicas, mientras callan sobre las necesidades del pueblo caribeño.
Según el exdiplomático Arturo McFields, Francisco Campbell había renunciado al cargo de embajador en al menos tres ocasiones, pero Ortega y Murillo, no aceptaron su salida. Un trabajo investigativo de Nicaragua Investiga reveló que el ahora exdiplomático le sangraba al pueblo nicaragüense C$255,078.32 córdobas mensuales (US$7,092.30 dólares en agosto 2022).
Además de él, su esposa, hijos, nueras y otros familiares ocupan distintos cargos públicos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermano Lumberto Ignacio Cambpell Hooker es el único comandante guerrillero afrodescendiente del partido FSLN. Actualmente es magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) y ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos.