No existe una persecución política contra el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá, sino que se trata de alguien que ha burlado a la justicia panameña y ahora quiere librarse totalmente de la misma comprando un asilo político en Nicaragua, afirma el exembajador del país canalero ante la OEA, Guillermo Cochez.
«Es una realidad, Martinelli habrá pagado por adelantado por ese asilo de Nicaragua y todo indica que habría pagado también en Panamá», indicó Cochez.
El expresidente panameño actualmente se encuentra en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá, a la espera de que el gobierno le extienda un salvoconducto y pueda salir hacia Nicaragua, donde los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ya le aprobaron un asilo político. Sin embargo, el pasado viernes el gobierno de Panamá le negó la petición.
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Gobierno no lo puede dejar salir
Cochez afirma que el gobierno panameño no puede dejar salir Martinelli porque existe una condena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña por actos de corrupción, pues, con dinero del Estado, Martinelli habría comprado los periódicos Crítica, el Panamá América y Día a Día.
«Ricardo Martinelli no es un perseguido político, ha estado en la mira de la justicia panameña desde hace muchos años y, como consecuencia de la venia de algunos jueces, ha podido librarse, en este caso no ha sido así», reiteró Cochez.
«La mano de Estados Unidos está detrás de todo esto, porque considera, al igual que muchos panameños consideramos, que Ricardo Martinelli se ha burlado del sistema judicial panameño a través de toda clase de recursos, que lo único que han hecho es atrasar, entorpecer el curso judicial de los casos, que no es uno», expresó.
Según Cochez, Martinelli ya estuvo preso en Estados Unidos y en Panamá, pero lo han declarado no culpable «porque no fueron al fondo».
Martinelli está condenado por la CSJ panameña por el llamado caso New Business, referente a la compra de los tres medios de comunicación que estaban en poder de la familia panameña Arias.
Además, es sospechoso en un caso de intercepciones de teléfonos a opositores, en el que dos funcionarios ya han caído presos, el director de policía y el director del consejo nacional de seguridad.
Igualmente, estaría ligado al caso Odebrecht. El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que la empresa constructora Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos. En Panamá, Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares y Martinelli salió salpicado en el caso.
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No hay persecución política
«Ahí no hay ninguna persecución política. Martinelli ha usado su propaganda para hacer ver que es una persecución política. No hay una razón jurídica para permitir que a él se le considere un perseguido político y no lo que es, un delincuente común», enfatizó Cochez.
Según el jurista, la CSJ panameña lo condenó a 10 años y cuatro meses de prisión y si el gobierno acepta darle el salvoconducto le estaría dando la espalada a la CSJ.
