El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha confirmado que en este pequeño país centroamericano, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido graves crímenes de lesa humanidad y pide que estos sean investigados judicialmente.
Sin embargo, como ha sido la constante a lo largo del tiempo, el informe ha sido despreciado por el régimen sandinista. La designada para ello fue Wendy Morales, Procuradora General de la República, quien en nombre del régimen rechazó lo contenido en la investigación.
«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reitera de forma fehaciente, su posición respecto a estos grupos que se hacen llamar “Expertos en Derechos Humanos”, por cuanto toman los insumos para sus reportes, de criterios manipulados por un grupo de personas, que son financiadas, precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país», atacó Morales en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a propósito de la presentación del informe.
ONU pide procesar judicialmente a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su estructura de mando represiva
«Estos grupos, tienen una agenda definida y enmarcada en directrices que imponen potencias imperiales, cuya única finalidad, es desnaturalizar los avances que en materia de derechos humanos, ha logrado el pueblo nicaragüense y que bajo ningún circunstancia, ni en ningún momento, han sido tomados en cuenta, por este llamado Grupo de Expertos», sostuvo.
Morales reiteró que la administración sandinista no va a aceptar los informes de estos grupos de derechos humanos, ya que sostiene que «sus reportes son unilaterales y sesgados» y solo emiten «un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense».
En el informe presentado este jueves, además de Ortega y Murillo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua señala como “máximos responsables de los crímenes contenidos”, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Judicial, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas.
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