“El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad”, así inicia la nota de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se refiere al segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El máximo organismo internacional expone en su nota de prensa que en el régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que en 2023 la situación empeoró. Además señala directamente a los dictadores de cometer estos actos junto a altos funcionarios de su aparataje estatal.
“El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del GHREN, Jan Simon.
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El informe sostiene que los crímenes cometidos por el régimen y su estructura de poder están dirigidos a desmantelar los esfuerzos de la oposición que acaben con eliminar todas las voces críticas. Explican que en 2023 se vio un “aumento exponencial” de patrones de violaciones cuyo objetivo es incapacitar a la oposición.
Además de a Daniel Ortega y Rosario Murillo, el informe señala como “máximos responsables de los crímenes contenidos”, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Judicial, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas.
Ni los niños se salvan de los crímenes
Los dictadores no han tenido piedad con nadie, ni los niños se han escapado de sus desmanes, el informe señala que los pequeños han sido violentados por su relación parental “o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares”.
Muestra de estas violaciones son las deportaciones y prohibiciones de ingreso al país de varios nicaragüenses, cuyo resultado ha sido la separación de sus hijos. La situación se ha agravado al momento en que los familiares buscan la manera de sacar a los menores de Nicaragua para reunirlos con sus padres, el régimen “les ha negado la expedición de pasaportes válidos” a varios de ellos, sostiene el informe.
Ángela Buitrago, quien también forma parte del GHREN, declaró que la persecución del régimen se ha extendido más allá de las fronteras del país.
Jean-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de DD.HH. sobre Nicaragua: "se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación regida por el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos"
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) February 29, 2024
“La persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, mencionó la experta.
Para realizar todas estas medidas represoras, el régimen Ortega-Murillo ha consolidado y centralizado los poderes e instituciones estatales, particularmente sobre el Poder Judicial.
“La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El Gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, afirmó la experta independiente Ariela Peralta.
Comunidad internacional debe “tomar medidas inmediatas”
Por todas estos crímenes cometidos por Daniel Ortega, Rosario Murillo y los altos mandos del régimen, el grupo de expertos instó a la comunidad internacional a “tomar medidas inmediatas”.
En este sentido, instan a ampliar las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos, ya que consideran que puede ser una “forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”.
También piden que se garantice un acceso justo a los procedimientos de identificación y determinación de estatus para aquellos nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad, obligados a salir del país o a quienes se les niega la entrada al territorio de Nicaragua.
