El Grupo de Experto en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó en una rueda de prensa este jueves 29 de febrero, que la estructura de mando del régimen sandinista podría ser más amplia y que por tanto se encuentra investigando otras personas articuladoras que materializan las violaciones de los derechos humanos.

Ángela Buitrago, una de las expertas que integra el Grupo, dijo que la estructura del aparato organizado de poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo muestra la vinculación de un poder verticalizado que tiene un control sobre todas las otras instituciones y poderes.

“Esto significa también la labor del Grupo de entrar a determinar quiénes son las personas articuladoras y las que materializan los comportamientos de graves violaciones. También las que ordenan y las que disponen sobre esa función”, detalló Buitrago.

La experta explicó que, al entregar un primer resultado sobre el tema de la estructura del aparato organizado del poder, como lo han hecho en casos anteriores, “no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando en la búsqueda de información para tenerla a fiabilidad y confiabilidad sobre los elementos que aportamos”.

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“La articulación está entre todas las ramas del poder público, pero para efectos de poder determinar elementos muchos más contundentes sobre otros poderes del Estado, también seguimos en la investigación que nos permita avanzar para que, en septiembre tengamos otra información que podamos suministrar de manera clara”, añadió.

El Ejército de Nicaragua, señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de participar en la represión de 2018 y no desarmar a grupos paramilitares, no está en la cadena de mano.

Pero esto “no quiere decir que no estemos investigando todos los grupos, sino que efectivamente tenemos que esperar la profundización de las investigaciones para dar la información correspondiente”, resaltó Buitrago.

Seguirán investigando cadena de mando

El Grupo de Expertos concluyó en un informe presentado este 29 de febrero, en Ginebra, Suiza, al concluir el segundo año de investigación, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a otros altos funcionarios del Estado de Nicaragua –identificados en la cadena de mando– deberían ser investigados judicialmente como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

Además de Ortega y Murillo, identificados como “máximos responsables de los crímenes contenidos” en el informe de 2023, el GHREN identificó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del poder judicial, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas

Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos, dijo que ellos reciben información de primera mano de fuentes directas que luego validan, procesan y cruzan en sus procesos de investigaciones para avanzar.

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“Invitamos a todos y a todas que tengan información que nosotros procesamos, validamos y cruzamos para poder avanzar en cuanto al proceso de investigación y su progreso en las próximas fases”, motivó en la rueda de prensa, tomando en cuenta que su ingreso al país no le fue permitido.

Los expertos expresaron que el Gobierno de Nicaragua ha sido indiferente en al menos cinco comunicaciones que le han trasladado durante este proceso de investigación, donde le han manifestado preguntas concretas que ocupan varios folios en solicitudes. Por lo tanto, exigen al régimen sandinista entregar información para poder evaluar.

“Desde ese punto de vista seguimos insistiendo en la necesidad de que haya información entregada por el gobierno y seguimos requiriendo la misma”, reiteró la experta Ángela Buitrago.